Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) instó a la Comisión Especial del Congreso Nacional (CNE) a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés en el proceso de selección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El señalamiento surge en medio de cuestionamientos al proceso, tras conocerse que algunos aspirantes que continúan en evaluación mantienen acciones legales vigentes con el Estado de Honduras, ya sea como demandantes o demandados.
Entre los nombres mencionados por el CNA figuran Vilma Clementina Zúñiga D´Vicente, Víctor Manuel Murillo Lara, Agapito Alexander Rodríguez Escobar, Santos Roberto Peña Enamorado, Carlos Humberto Romero Andrade, Mariano Torres Flores y Gustavo Adolfo Zavala Umanzor.
El organismo aclaró que la mención de estos casos no constituye un juicio anticipado ni implica descalificación automática, al subrayar que el acceso a la justicia es un derecho.
Sin embargo, advirtió que la existencia de procesos judiciales en curso obliga a evaluar si estos podrían generar conflictos directos con las funciones que los aspirantes asumirían en los órganos electorales.
En el marco del proceso de selección de autoridades electorales, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace un llamado a la Comisión Especial del Congreso Nacional a aplicar con rigor el criterio de inexistencia de conflictos de interés e incompatibilidades éticas.
— CNA Honduras (@cnahonduras) April 29, 2026
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“Resulta indispensable que se evalúe, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia, si existe un conflicto directo con las funciones que estos aspirantes eventualmente asumirían”, indicó el CNA en su posicionamiento.
En ese sentido, exhortó a la Comisión Especial a profundizar la revisión de estos expedientes, documentar las valoraciones y garantizar que las decisiones se fundamenten en criterios técnicos verificables.
El CNA también recordó que la elección de autoridades electorales no debe limitarse al cumplimiento de requisitos formales, sino que debe garantizar objetividad, integridad y ausencia de condiciones que comprometan el ejercicio de la función pública.
Este proceso de selección se desarrolla tras la destitución de varios funcionarios del CNE y del TJE, ejecutada el 16 de abril de 2026 mediante un juicio político, entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán.
La medida obligó al Congreso a iniciar un nuevo mecanismo para cubrir tanto cargos propietarios como suplentes en estas instituciones, en medio de críticas y señalamientos sobre la transparencia del proceso.
