Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un pronunciamiento en el que fija su posición frente a recientes decisiones en el ámbito gubernamental, subrayando la importancia de garantizar estándares de integridad en el ejercicio de la función pública.
El organismo señaló que en los últimos meses han surgido situaciones que obligan a reflexionar sobre el cumplimiento de principios éticos en el acceso y permanencia en cargos públicos. Como ejemplo, mencionó el nombramiento del abogado Marco Tulio Abadie como director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras.
Según el CNA, este caso “plantea interrogantes relevantes sobre la coexistencia entre intereses personales e institucionales”, especialmente en contextos donde podrían existir conflictos de interés.
El ente anticorrupción recordó que todo nombramiento en la administración pública implica la obligación de cumplir el Código de Conducta Ética del Servidor Público, el cual establece el deber de evitar situaciones que comprometan la objetividad. En ese sentido, advirtió que “el hecho de que un alto funcionario mantenga una demanda activa contra la misma institución que dirige configura una situación incompatible con los principios de imparcialidad, independencia de criterio y rectitud en la gestión pública”.
Asimismo, el CNA vinculó esta problemática con una reciente directriz de la Procuraduría General de la República (PGR), que recomienda no contratar en la administración pública a personas con litigios pendientes contra el Estado, criterio que —según enfatizó— debe aplicarse sin distinción de jerarquías.
Ante este panorama, el organismo exhortó a los funcionarios que enfrenten situaciones similares a tomar medidas inmediatas para eliminar cualquier conflicto de interés, ya sea desistiendo de acciones legales o separándose del cargo.
De igual forma, hizo un llamado al titular del Poder Ejecutivo para que garantice que los nombramientos respondan a criterios de integridad, “resguardando la institucionalidad y el interés general por encima de cualquier consideración particular”.
El CNA recalcó que Honduras debe avanzar hacia un modelo de gestión pública en el que la legalidad y la ética vayan de la mano, advirtiendo que “el ejercicio de la función pública no puede coexistir con intereses litigiosos contra el mismo Estado al que se sirve”.
