Tegucigalpa, Honduras.- El decreto del Presupuesto General de la República reformulado ordena a la Secretaría de Educación cancelar las plazas de asistentes técnicos que se otorgaron entre 2022 y 2026 sin cumplir con los requisitos legales.
El artículo 89 del decreto que fue aprobado el pasado martes 21 de abril por el Congreso Nacional (CN) establece que en un plazo máximo de tres meses las autoridades educativas deben proceder a la cancelación de todos los movimientos de personal en plazas de asistente técnico que se hicieron sin reunir los requisitos de ley.
La disposición responde a supuestas irregularidades que detectaron las autoridades en la asignación de estas plazas; muchas de las cuales habrían sido utilizadas para beneficiar a personas con vínculos políticos o cercanos a las autoridades educativas de ese entonces.
Funcionarios durante el Gobierno de Xiomara Castro, dirigentes magisteriales y hasta actuales diputados fueron beneficiados con estas plazas, según reveló EL HERALDO en febrero de este año.
Este rotativo detalló cómo estas personas recibieron jugosos salarios por las asistencias técnicas y en muchos casos les fueron otorgadas licencias con goce de sueldo para este año.
De acuerdo a Onan Cálix, quien representa a las bases del magisterio, la anulación no es para todas las plazas de asistencia técnica, ya que algunas forman parte de estructuras antiguas que han existido durante años y cuyo funcionamiento ha sido considerado legal.
La polémica se centra en las plazas creadas recientemente, las cuales habrían surgido a partir de estructuras presupuestarias de docentes que originalmente estaban frente a alumnos, generando problemas en el sistema educativo.
"Lo que no es legal es crear nuevas asistencias técnicas a partir de plazas de docentes que estaban en aula. Ahí es donde está el problema", señaló.
Otros docente señalaron que estas nuevas estructuras fueron creadas en muchos casos para favorecer a determinados sectores, especialmente a dirigentes magisteriales.
Ante eso, el decreto establece que el presupuesto del pago de las asistencias que sean canceladas se debe reorientar al nombramiento de personal docente que estén en servicio estricto frente a alumnos donde se requiera.
Entre los acuerdos administrativos destaca el caso del entonces ministro de Educación, Daniel Esponda, quien recibió una asistencia técnica devengando más de 50,000 lempiras.
Su hermano Eduardo Josué Esponda Velásquez, también fue nombrado como jefe de sección de Educación Continua ganando un sueldo mensual mayor de los 51,000 lempiras.
En la lista también aparecen personas cercanas al exministro, como la directora y el subdirector de Talento Humano, entre otros.
Además se beneficiaron dirigentes magisteriales como Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Prichpma) y Celso Flores directivo del Colegio de Pedagogos de Honduras.
Otro de los beneficiados fue el diputado y dirigente Edgardo Casaña, según una investigación de EL HERALDO.
El sector magisterial estima que son unas 200 plazas de asistentes técnicos que se otorgaron durante la administración anterior y que podrían estar bajo investigación o sujetas a cancelación por haber sido creadas sin cumplir los requisitos legales.
El decreto además indica que el incumplimiento de la disposición acarrea las responsabilidades de ley, por lo que las autoridades deberán presentar un informe del cumplimiento en un plazo máximo de un mes, a partir de las respectivas cancelaciones.
EL HERALDO intentó comunicarse con la ministra de Educación, Arely Argueta, para conocer cómo avanza la investigación sobre los nombramientos; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la funcionaria.
