El escándalo por la compra de bonos soberanos en el que fue salpicado de corrupción el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), ya es conocido por los tribunales de justicia.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción acusó a tres personas por una defraudación de 5.4 millones de lempiras en perjuicio del Injupemp.
El Juzgado de Letras Penal de Comayagüela dictó la medida cautelar de detención judicial contra Carlos Humberto Zúniga, exjefe de la División de Finanzas del Injupemp, y medidas sustitutivas a la prisión contra Manuel de Jesús Barahona, el yerno del exdirector de la institución, Andrés Torres Rodríguez.
El Ministerio Público (MP) acusa a Zúniga de incurrir en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos, por lo que se determinó trasladarlo a las celdas de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), ubicada en Támara.
La audiencia inicial fue programada para que se desarrolle el 12 de agosto a partir de las 9:00
de la mañana.
Mientras que Barahona fue acusado por el MP de cometer el delito de encubrimiento y se determinó aplicar medidas sustitutivas a la prisión, por lo que se debe presentar a los juzgados todas las semanas.
La audiencia inicial en la que debe comparecer Manuel de Jesús Barahona se fijó para que se lleve a cabo el próximo 3 de septiembre a las 9:00 de la mañana con el juez número 24, que es el que conoce el caso. Asimismo fue acusado César Antonio Díaz García, por el delito de fraude; sin embargo se encuentra prófugo.
Los dos capturados fueron puestos ayer a la orden de los tribunales, luego que fueran capturados por miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), a raíz de que se emitió orden de captura en su contra por el juzgado. Llegaron a los tribunales a eso de las 10:00 de la mañana en la paila de un vehículo de la Policía Militar y al filo de las 12:00 del mediodía, el juez emitió la resolución en contra de los dos imputados.
Barahona ingresó al despacho del juez que conoce el caso esposado con las manos hacia atrás y con cadenas en los tobillos.
Iván Martínez Ordóñez, abogado defensor de Zúniga, solicitó que a su cliente se le dictaran las medidas sustitutivas a la prisión, pero los argumentos no fueron lo suficientemente contundentes para que el juez atendiera la petición.
El defensor espera que se respeten los derechos fundamentales para poder esclarecer la verdad de los hechos que le imputan a su representado.
Requerimiento
Recientemente, EL HERALDO informó que dicha Fiscalía preparaba el primer requerimiento fiscal, de 14 líneas de investigación que conduce este ente especializado del MP.
El fiscal especial contra la Corrupción, Ricardo Matute, ofreció en rueda de prensa el informe oficial de la acusación. Esta se interpuso el pasado miércoles ante el Juzgado de Letras Penal, de Comayagüela, a las 5:17 de la tarde; horas más tarde se libró la orden de captura.
El requerimiento fiscal se presentó contra Carlos Humberto Zúniga Aguilar, a quien el MP lo supone responsable de incurrir en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración pública, específicamente del Injupemp.
Asimismo, se acusa a Carlos Zúniga y César Antonio Díaz García por suponerlos responsables del delito de fraude, a título de coautores, en perjuicio del Injupemp.
Finalmente, la Fiscalía acusó a Manuel de Jesús Barahona por el delito de encubrimiento agravado, en perjuicio del instituto de previsión.
Zúniga cesó en su cargo como jefe de la División Financiera del Injupemp.
Los otros dos son particulares, César Díaz es representante legal de la empresa DiazGar S. de R. L, mientras que Barahona es yerno del exdirector del Injupemp, Andrés Torres.
El MP solicitó la detención de los imputados por considerar que existe riesgo de fuga y que, por la cantidad defraudada, los imputados cuentan con recursos para evadir la justicia.
Hechos
La investigación la inició la Fiscalía contra la Corrupción, luego de recibir en el año 2012 una denuncia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
En la misma se denunció irregularidades en la compra de dos bonos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La primera se efectuó el 23 de diciembre de 2011 y la segunda compra el 23 de agosto del año 2012 que, de acuerdo a la investigación, se concluyó que fueron irregulares.
“En ambas transacciones consideramos que se ocasionaron pérdidas por el delito de fraude, en contra del Injupemp, por las cantidades, en uno de los actos de 1,889,324, en el segundo caso por la cantidad de 3,560,544 lempiras”, detalló el fiscal. En total, según el MP, por este caso se defraudó al Injupemp por 5,449,868 lempiras.
La CNBS denunció que DiazGar actuó como comicionista de bonos, sin estar autorizado.
La Fiscalía logró establecer que Carlos Zúniga influyó en la UNAH para que en dichas transacciones se utilice la empresa DiazGar y le pagaran estos montos.
“La investigación ha determinado que el señor Manuel de Jesús Barahona recibió por parte de Díaz García un monto de dinero, de aproximadamente 1.8 millones de lempiras, sin haber una relación comercial entre ellos dos, dinero que se proporcionó como producto de uno de estos fraudes”, explicó. Barahona recibió el endoso de uno de los cheques, íntegro, sin haber ninguna transacción comercial por parte de la empresa Díaz García, añadió el fiscal.
Pruebas
La Fiscalía asegura contar con suficientes pruebas para acreditar la comisión de los delitos y la participación de los tres imputados en los mismos, como para ser condenados.
Entre ellas evidencia documental, que incluye el informe que en el año 2012 remitió la CNBS, que motivó el inicio de la investigación. Asimismo, un informe del Tribunal Superior de Cuentas; expedientes patrimoniales, transacciones comerciales económicas y declaraciones testificales.
El fiscal especial valoró que el MP actúa bajo el principio de objetividad, en base a las pruebas se procedió penalmente.
Descartó que por este caso el MP procediera al aseguramiento de bienes inmuebles, por este caso.
No descartó que el MP pueda ampliar otros delitos a los imputados. Sí descartó incluir a otras personas como acusadas. Explicó que producto de la investigación, no se encontró responsabilidad penal a exdirectivos del Injupemp, tampoco en autoridades de la UNAH.
Por el concurso de delitos, las penas se vuelven graves, meritorias para mantener bajo prisión a los imputados. Las mínimas van de 6 a 18 años de reclusión.
En cuanto a la situación legal del exdirector del Injupemp, Andrés Torres, informó que continúa siendo investigado por el MP. Dijo que será citado para declarar por otras denuncias.
El Ministerio Público designó un equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción para investigar las irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y prometió resultados inmediatos.
La Fiscalía contra la Corrupción inició en abril las investigaciones relacionadas a un informe presentado por la Comisión de Banca y Seguros (CNBS), así como hallazgos publicados por el Consejo Nacional Anticorrupción.
Entre los hallazgos figura la compra de equipo, contratación de personal y el despilfarro en pagos de ayuda humanitaria y publicidad, por más de seis millones de lempiras.
dictó este mediodía un juez de los Juzgados Unificados de lo Penal de Francisco Morazán.
