Entre 2022 y 2025
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Tegucigalpa, Honduras.- La prisión preventiva es una de las principales herramientas del sistema penal hondureño para mantener bajo custodia a personas acusadas de un delito, sin embargo, cuando los expedientes no llegan a una resolución dentro de los plazos establecidos, la medida cautelar abre un nuevo desafío para la administración de justicia.
Registros del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a los que tuvo acceso EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-INP-575-2026 evidencian esta realidad, ya que más de 390 prisiones preventivas vencieron entre 2019 y julio de 2026.
Entre los delitos asociados a las prisiones preventivas vencidas, la extorsión ocupa el primer lugar con 192 registros, convirtiéndose en el principal delito dentro de la estadística analizada por el INP.
La cifra refleja la presión que enfrenta el sistema penal hondureño para atender procesos relacionados con estructuras criminales dedicadas al cobro ilegal de dinero, una actividad que durante años ha afectado a comerciantes, transportistas y distintos sectores de la población.
Después de la extorsión aparecen los delitos relacionados con drogas, con 64 casos; armas, con 60; asociación ilícita, con 18; y otros delitos, con 35 registros.
Expedientes
En cuanto a los órganos judiciales donde se concentran los casos, los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Extorsión acumulan la mayor cantidad de registros, con 241 expedientes.
Los Juzgados de Letras Penal reúnen 53 casos, mientras que otros órganos jurisdiccionales concentran 75 registros.
La distribución refleja el peso que tienen los tribunales especializados en la atención de procesos relacionados con extorsión y otros delitos vinculados con estructuras criminales.
El director del INP, Walter Amador, explicó que el vencimiento de las prisiones preventivas forma parte de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario y judicial del país, debido a que esta medida cautelar tiene un plazo máximo establecido y, cuando los procesos no avanzan a tiempo, los privados de libertad pueden pasar a otro tipo de medidas mientras esperan una resolución definitiva.
“El vencimiento de la prisión preventiva es parte de todo el abanico de problemas que tiene el sistema nacional penitenciario, estamos realizando brigadas jurídicas con grupos de abogados que van a los centros penitenciarios para analizar los expedientes y lograr que cada persona tenga un juicio justo, una sentencia definitiva o una resolución sobre su situación jurídica", explicó.
Sobre los casos relacionados con el delito de extorsión, el funcionario señaló que estos expedientes también deben ser revisados conforme a los procedimientos legales; “las personas tienen derecho a pasar a otro tipo de medidas, que no sea la prisión preventiva”, afirmó.
El Artículo 181 del Código Procesal Penal explica que medida cautelar puede mantenerse por un año, sin embargo, cuando se trata de delitos considerados graves, cuya pena supera los seis años de prisión, el plazo puede ampliarse hasta dos años.
La normativa también contempla una extensión excepcional de los plazos cuando existen circunstancias que dificultan el avance del caso, en esos escenarios, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puede autorizar una prórroga adicional de seis meses.
Incidencias por año
Los registros de prisiones preventivas vencidas muestran que en 2022 se contabilizaron 202 vencimientos.
Antes de ese incremento, los datos reflejan una tendencia ascendente: en 2019 se registraron ocho casos, en 2020 aumentaron a diez y en 2021 llegaron a 39.
Sin embargo, el salto ocurrido en 2022 evidencia una acumulación significativa de procesos que alcanzaron el límite de la medida cautelar sin una resolución definitiva.
Después del pico registrado en 2022, los casos comenzaron a descender. En 2023 se reportaron 88 vencimientos, una reducción de más de la mitad respecto al año anterior, mientras que en 2024 la cifra bajó a 13 casos.
Para 2025 se contabilizaron siete y en el primer semestre de 2026 se registran dos casos.
Según el abogado penalista, Fernando Gonzalez, la estadística del INP reflejan una problemática relacionada con la mora judicial y la capacidad institucional para llevar los expedientes desde una acusación inicial hasta una sentencia definitiva.
"El vencimiento de una prisión preventiva no implica una declaración de inocencia ni el cierre automático de un proceso penal, pero sí representa un límite legal a la permanencia de una persona bajo esta medida cautelar cuando no existe una resolución dentro del tiempo establecido", explicó.
El experto señaló que una parte de las prisiones preventivas vencidas están relacionadas con investigaciones fiscales que, a su criterio, no lograron consolidar los elementos probatorios necesarios para avanzar hacia una acusación sólida o una resolución judicial definitiva.
Según explicó, cuando una investigación no reúne suficientes medios de prueba dentro de los plazos establecidos, los procesos pueden prolongarse hasta alcanzar el límite legal de la medida cautelar.
