Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) tiene aproximadamente 1,200 millones de lempiras depositados en el sistema bancario que podrían destinarse a instituciones de seguridad y justicia.
La distribución de los fondos está contemplada en una reforma al artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito aprobada la noche del lunes 12 por el Congreso Nacional (CN), que permite autorizar el uso anticipado de dinero y otros activos líquidos, sin esperar una sentencia firme sobre su destino definitivo.
El esquema establece que la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad recibirían el 25% cada una; el Ministerio Público y el Poder Judicial, un 15% respectivamente; la OABI, un 10%; y la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional contra el Crimen, un 5% cada una.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la reforma al señalar que las instituciones necesitan recursos para combatir la criminalidad.
“Para darle seguridad a Honduras necesitamos dos cosas, herramientas legales para que la lucha contra la delincuencia sea efectiva y también presupuesto y recursos”, expresó.
Fondos controlados
La distribución anticipada no convierte automáticamente los activos en propiedad definitiva del Estado. Los tribunales conservarán la facultad de determinar su destino final y, si ordenan devolverlos a sus legítimos propietarios, deberá cumplirse la resolución judicial.
Antes de transferir los recursos, la Secretaría de Finanzas deberá registrar la obligación contingente de restitución y adoptar las previsiones presupuestarias necesarias. La devolución podrá incluir el capital, los intereses y otros conceptos que correspondan conforme a la ley.
El decreto también protege los derechos de las víctimas y de terceros de buena fe, así como las obligaciones derivadas de la cooperación jurídica internacional. Además, ordena al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad aprobar un reglamento que establezca los criterios de asignación, los mecanismos de fiscalización y las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Jorge Alberto Cálix, director de la OABI, reconoció que la administración de algunos activos ha generado críticas. Según detalló, la institución tiene más de 4,000 bienes inmuebles y una cantidad similar de bienes muebles
“La percepción es que no ha sido bueno”, manifestó al referirse al manejo de esos bienes.
El funcionario anunció que trabajan en una plataforma digital para que la ciudadanía consulte la ubicación de los activos, quién los administra y qué ha ocurrido con ellos. Aseguró que la revisión debe realizarse caso por caso.
Aplicar las reformas
Por separado, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, exigió que las reformas penales aprobadas por el Congreso se cumplan y cuestionó que las nuevas disposiciones puedan ser efectivas si fiscales y jueces no las aplican.
“De nada sirve la ley, puede ser perfecta, pero si el fiscal no la aplica, no estamos en nada; la ley puede ser perfecta, el fiscal puede aplicarla, pero si el juez no, en nada estamos”, expresó.
El diputado también pidió una depuración del sistema judicial y una mayor coordinación entre las secretarías de Seguridad y Defensa, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
