TSC investigará reparto de plazas en Educación durante gobierno de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció que investigará el reparto masivo de plazas y el manejo de recursos públicos en la Secretaría de Educación durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, irregularidades que EL HERALDO Plus documentó desde marzo de 2026 y que recientemente volvieron al debate tras los señalamientos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El magistrado presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera , confirmó que el ente contralor hará las revisiones correspondientes en Educación para determinar cómo se utilizaron los recursos públicos y establecer si existen responsabilidades.

"Haremos las investigaciones respectivas. Es necesario que el pueblo hondureño conozca la situación sobre cómo se están invirtiendo los recursos públicos", manifestó Montes.

El magistrado adelantó que los hallazgos podrían derivar en responsabilidades administrativas y civiles . Si durante las pesquisas se identifican indicios de responsabilidad penal, el caso será remitido a las autoridades competentes.

"Las autoridades deben responder por lo que han hecho. Sabemos que están las responsabilidades administrativas, civiles; si hay responsabilidad penal lo remitimos", advirtió.

El anuncio ocurre luego de que la ASJ retomara la investigación exponiendo que, mientras la matrícula escolar disminuía, la cantidad de personal aumentaba , además de advertir sobre desequilibrios en la distribución de docentes y cuestionamientos en el pago de salarios. Montes calificó la situación como “crítica” y sostuvo que deben aplicarse correctivos y sanciones si la investigación confirma irregularidades.

EL HERALDO Plus ya había expuesto esta problemática en marzo de 2026 mediante el reportaje “Festín de plazas: Educación repartió acuerdos en zonas de poder político de Libre” , elaborado a partir de información oficial obtenida mediante la solicitud SOL-SDE-4653-2026.

En el reportaje se documentó que la Secretaría de Educación emitió 3,664 acuerdos entre febrero de 2022 y enero de 2026 , principalmente durante la gestión del exsecretario Daniel Esponda. Francisco Morazán recibió 716; Santa Bárbara, 636; el nivel central, 612; y Olancho, 203.

Solo Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central acumularon 1,964 acuerdos, equivalentes al 54% del total analizado . La cantidad de nombramientos también creció durante la administración anterior: pasó de 393 en 2022 a 771 en 2023 y alcanzó su punto máximo en 2024, con 1.295. En 2025 se emitieron otros 1.201.

El análisis encontró, además, que 2,215 acuerdos, el 61% del total , correspondieron únicamente a conserjes, guardias de seguridad y oficinistas: 914 fueron para conserjes, 760 para guardias y 541 para oficinistas. Los datos mostraron que el horrible de los nombramientos se concentró en personal operativo y administrativo, en lugar de reforzar directamente las aulas.

Uno de los mayores desequilibrios apareció en Santa Bárbara . Para 2025 era el octavo departamento con mayor matrícula escolar y tampoco figuraba entre los cinco primeros por cantidad de centros educativos; pese a ello, fue el segundo con más acuerdos, con 636.

Registros del Departamento de Talento Humano de la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara reportaron, además, 26 nombramientos de asistencia técnica, cuatro supervisores de asistencia técnica y cuatro jefaturas de sección departamental . Paralelamente, se registró el nombramiento permanente de 817 personas, en su mayoría personal no docente.

Al analizar estos hallazgos, Carlos Hernández , director ejecutivo de la ASJ, calificó la concentración de contrataciones en Santa Bárbara como un reflejo de corrupción y abuso de poder.

"Es corrupción, es abuso de poder. Cuando uno ve lo que sucedió en Santa Bárbara, donde Edgardo Casaña era presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, y observa 636 contrataciones, evidentemente algo no anda bien", sostuvo Hernández.

Los cuestionamientos también alcanzaron al diputado de Libre y dirigente magisterial Edgardo Casaña , quien figuró en cargos dentro de Educación por los que recibió pagos, sin que se encontrará evidencia que acreditara el cumplimiento de las funciones asignadas.

El TSC deberá establecer ahora si la contratación masiva, la concentración territorial de plazas y el crecimiento del personal no docente implicaron irregularidades en el uso de fondos públicos y quiénes tienen responsabilidad administrativa, civil o penal por las decisiones adoptadas.