Agencia Contra el Crimen, una estructura similar a la extinta Fusina

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) regirá la nueva Agencia Nacional Contra el Crimen, que por su conformación es casi una copia de la desaparecida Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), constituida en 2014 y clausurada en 2022.

A través del Decreto 84-2026, publicado el 22 de mayo en La Gaceta, donde también se incluyen varias reformas al Código Penal, se menciona que la Agencia Nacional Contra el Crimen queda adscrita al Consejo de Defensa y Seguridad, justo como Fusina antes de ser eliminada.

Esta agencia, según el decreto, aglutina la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público, la Policía Militar, Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia "con el objetivo de unificar criterios en la lucha contra la criminalidad organizada y en especial la investigación".

De acuerdo con el abogado y exjuez Félix Ávila, tal como se conforma esta nueva agencia hace ver que se trata de una nueva versión de la Fusina, una entidad que también fue cerrada por los constantes abusos y actos de corrupción de los policías, fiscales y jueces que la conformaban.

Fusina, una fuerza interinstitucional, coordinaba gran parte de las instituciones que tendrá la agencia, pero también operaba cuatro fuerzas nacionales: la Fuerza Nacional Contra las Maras y Pandillas (FNCMP), Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), la Fuerza Nacional contra el Narcotráfico (FNCN) y la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penales (FNCCP).

Era como una superestructura de seguridad, encargada de coordinar planificar y ejecutar operaciones conjuntas contra el crimen organizado y la delincuencia común.

El decreto, también mencionaba que la agencia coordinaría la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), sin embargo, el jueves la Comisión de Defensa y Seguridad la eliminó.

Tras el cierre de la Dipampco, el ministro de seguridad, Gerson Onán Velásquez, informó que de ahora en adelante será la DPI la responsable de la lucha contra las maras, extorsión y el terrorismo. Para ello se crea la División Antiextorsión y Asociaciones Antiterroristas que será dirigida por el subcomisionado Jorge Daniel Molina Álvarez y por la subcomisionada Sulay Marlen Ponce.

La creación de la Agencia Nacional contra el Crimen está contenida en el artículo 5 del decreto, bajo el apartado “ Política Interinstitucional de Lucha Contra el Crimen ”, donde se le define como un ente de apoyo para conectar y ordenar el trabajo de las instituciones que investigan, persiguen o combaten estructuras criminales.

La nueva agencia deberá crear una plataforma de integración de información criminal con registros de números telefónicos vinculados a extorsión, cuentas bancarias, plataformas financieras, pagos móviles y billeteras electrónicas.

Las empresas proveedoras de servicios esos deberán remitir la información solicitada en un plazo máximo de 30 días, según el mismo artículo del Decreto 84-2026.

La nueva agencia dependerá del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el cual tendrá a su cargo la reglamentación de su funcionamiento y operatividad en el ámbito nacional.

Ese CNDS está integrado por el Presidente la República, Nasry Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez; y el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez .

En este nuevo esquema, el Consejo no solo reglamentará la agencia, sino que también queda facultado para diseñar y dirigir la política criminal contra asociaciones terroristas y estructuras criminales .

El mismo decreto le otorga otra atribución clave: determinar cuándo una organización criminal será considerada organización terrorista.

Aunque la agencia ya fue creada, el decreto no establece quién la dirigirá, qué cargos tendrá, cuántos agentes serán asignados ni de qué instituciones saldrán el personal operativo.

Esos puntos deberán quedar definidos en el reglamento que emite el CNDS. En esa normativa también tendrá que precisarse la cadena de mando y la forma en que se coordinarán las instituciones involucradas.

La norma tampoco establece un presupuesto inmediato para la nueva unidad. En cambio, ordena a la Secretaría de Finanzas elaborar, en un plazo de 30 días hábiles, una propuesta presupuestaria para su funcionamiento, que luego deberá ser remitida al Congreso Nacional para su aprobación.

La decisión de eliminar la Dipampco fue adoptada después de una reunión del CNDS, en la que se analizó la situación de esa unidad tras la muerte de cinco agentes el 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés al realizar una operación ilegal vinculada al quite de droga, dinero y oro.

Tomás Zambrano aseguró que "es una agencia interinstitucional para establecer políticas públicas y acciones contra la delincuencia con una sola agenda : luchar y darle seguridad al pueblo hondureño”, dijo.

Afirmó que en los próximos días se nombrará a un director y se le asignará presupuesto para ponerla en marcha.

Marlon Lara, del Partido Liberal, dijo que en el Congreso se manejaba que la Dipampco sería cerrada y que se crearía otra estructura contra el crimen y la extorsión, con nuevos procedimientos de control, pero el problema de fondo no se resuelve solo con abrir o cerrar unidades, sino con una depuración permanente entre los operadores de justicia.

“El tema no es crear más agencias, sino que tiene que haber un proceso permanente de depuración entre todos los operadores de justicia. De nada sirve que pongás penas de mucho tiempo si no estás capturando a los criminales; tenés que capturarlos y judicializarlos”, opinó.

Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), planteó que cualquier cambio institucional debe sustentarse en evidencias, no en rumores ni criterios políticos para "construir una Policía que genere confianza en la ciudadanía”.

“No se trata de ir cerrando y abriendo unidades, sino de hacer una depuración continua enfocada a mejorar la institución; enfocada a que la sociedad confíe en sus autoridades”, planteó.

El Decreto 84-2026 fue aprobado por el Congreso Nacional el 19 de mayo de 2026, sancionado por el Poder Ejecutivo el 21 de mayo y publicado el 22 de mayo en La Gaceta, un día después de las dos masacres que sacudieron el norte del país.

El 21 de mayo, 19 trabajadores fueron asesinados en una finca de palma africana en Trujillo, Colón, mientras cinco agentes de la Dipampco murieron en Corinto, Omoa, Cortés, durante un operativo contra una estructura criminal.

Ese segundo hecho aceleró la revisión de la Dipampco, una unidad policial especializada que quedó bajo intervención tras la muerte de sus agentes y cuya eliminación ya fue decidida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

La Dipampco había sido creada en 2022 por la Secretaría de Seguridad mediante el Acuerdo 1417-2022, publicado en La Gaceta número 35,980, del 20 de julio de ese año.

La unidad nació como una dirección operativa de la Policía Nacional, con independencia administrativa, financiera y operacional, para combatir maras, pandillas y otras estructuras criminales.

En ese entonces, la Dipampco reemplazó a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y ahora será absorbida por la DPI, anunció la Secretaría de Seguridad.