Proveedores con millonarias deudas por desvío de fondos en FNAMP en 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Mario (nombre ficticio para proteger su identidad) aún conserva los recibos, las facturas y, principalmente, la promesa de pago. Durante al menos tres años fue proveedor de carne para la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

Su historia es similar a la de otros 30 proveedores que surtieron a la fuerza de seguridad con alimentos, combustible, víveres y otros insumos esenciales mientras estuvo en funcionamiento.

Todos quedaron endeudados, y todos —según sus testimonios— fueron ignorados por las autoridades gubernamentales cuando la fuerza fue desmantelada en 2022 y pasó bajo control policial, transformándose en la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco).

En ese entonces, la Secretaría de Finanzas dejó a la fuerza antiextorsión en una situación de calamidad al retirarles sin dar explicación 17 millones de lempiras que se les había asignado en el gobierno anterior para su funcionalidad.

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La situación fue tan precaria que, para poder dar respuesta a las denuncias contra los extorsionadores, algunos oficiales al mando de ciertos equipos llegaron a vender sus carros, sacar préstamos e incluso aportar dinero de su propio bolsillo, confiados en que el gobierno les reembolsaría el dinero, pero no fue así.

Los proveedores de la unidad también siguieron entregando insumos y materiales con la esperanza de recibir el pago más adelante. O como decimos popularmente en Honduras: en calidad de fiado. Tampoco han visto el dinero de vuelta.

“Nosotros éramos varios. Había uno que les daba pollo, otro verduras, otros combustible, tortillas... todo lo que era la alimentación para los agentes. Cuando cambiaron la administración, nos dejaron en el aire”, relató a EL HERALDO Plus uno de los comerciantes.

Mario expuso una cadena de negligencia institucional, indiferencia estatal y posible corrupción administrativa. Y no es el único caso.

Según documentación en poder de este equipo periodístico, la deuda con proveedores de la FNA ya ascendería a más de 33 millones de lempiras a la fecha. A varios de ellos, ese impago les costó sus negocios, sus propiedades y su salud.

De acuerdo con el vendedor, "una señora sacó un préstamo sobre su casa para poder seguir entregando. Y la perdió. Lo dijo en una reunión con la Policía, frente a un oficial de apellido Lanza. Le rogó que la ayudaran. Y él, con una actitud prepotente, le dijo que eso ya no era problema de él”.

Ese encuentro fue, según los testigos, el último intento por obtener una solución. Los nuevos responsables de la fuerza —la entonces recién creada Dipampco— desestimaron las exigencias.

Pese a que el dinero, según los proveedores, ya había sido depositado a la cuenta de la Fuerza Antiextorsión, este fue redirigido sin explicación.

“Nos dijeron que el dinero sí se había depositado, pero que alguien lo regresó. Y se manejaba que fue para financiar cosas de Doña Rixi —la exministra de Finanzas—. A nosotros nos dejaron sin respuesta. Después nos pidieron sacar papeles del Siafi (Sistema de Administración Financiera Integrada) para pagar por ahí. Gastamos en eso... y nunca se hizo efectivo”, expuso el afectado.

El entrevistado explicó que el daño no fue solo financiero. Fue personal. Fue familiar.

“Imagínese usted, para poder venderles 200 mil lempiras en carne, ¿cuántos animales tuvo que sacrificarse?, ¿cuánto hay que trabajar para poder reunir ese dinero? Me desbalanceó todo mi negocio. Y al final, tuvimos que pagar esa deuda con fondos familiares, porque no podíamos quedar morosos”, reclamó.

Lo más grave, dice, es que muchos no tienen cómo hacer valer su reclamo. Por montos individuales que el Estado considera “menores”, ninguna instancia quiere asumir responsabilidad.

“Uno no puede ir a meter una demanda por 200 mil lempiras, porque eso no va a pegar. Y si no se paga ya, eso pasa a deuda pública. Y eso, ya no se recupera”.

La historia se repite con otros rubros. El proveedor de combustible, según la fuente, tiene aún más qué reclamar.

“El señor que tenía la gasolinera aquí en Tegucigalpa, a ese le quedaron debiendo como seis o siete millones. Y eso era solo en esta zona. Ahora imagínese en Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca... Esto es a nivel nacional”, aseveró.

“Solo queremos lo justo. Ni un centavo más”, cometó el afectado, que a pesar de los años y la frustración, no exige intereses ni ajustes. Solo justicia.

“Yo no estoy cobrando intereses. Le hablo del precio de entonces. Si yo cobrara a valor actual, eso subiría como a 350 mil lempiras. Pero no. Solo quiero que me paguen lo que me deben”, apuntó.

También aclaró que el trato ofrecido no era de mercado. “Nos pedían que vendiéramos más barato, porque el gobierno no podía pagar más. Si la carne estaba a 60, se las dábamos a 55. Siempre era menos, por volumen y por colaborar”.

La sensación de abandono es lo que más duele. El trato, la falta de respuestas, la indiferencia.

“Uno se mata trabajando. Y ellos gastan millones en campañas. ¿Y a uno qué le dicen? Que no es su problema”, sostuvo en la entrevista el carnicero.

Durante la transición de la FNAMP a la Dipampco, las autoridades nunca ofrecieron un mecanismo oficial de compensación para los proveedores.

“Nos reunimos con el primer director de la Dipampco (Eduardo Lanza). También con el subdirector (Eduardo Lozano). Le dijimos lo que pasaba. El coronel (Eduardo) Sandoval, que era director de la FNA cuando se generó la deuda, se preocupó. Estuvo encima. Pero por andar peleando por nosotros, lo relegaron”.

A pesar de los reclamos y la documentación, nadie en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Finanzas asumió responsabilidad. En algunos casos, incluso se les cerraron las puertas a los proveedores.

“Yo no tengo nada en contra de la señora Rixi, ni de ningún político. Pero si el dinero ya estaba en la cuenta del Banco de Occidente para pagar, ¿cómo fue que ella lo regresó? ¿Y por qué nadie responde?”, cuestionó el afectado.

Mientras otros buscaron salir del país, Mario se quedó. “Conozco varios que se fueron mojados a Estados Unidos. También les debían meses de trabajo. Se fueron sin nada”.

A la fecha de publicación de este reportaje, ni el proveedor de la carne, ni la mujer que perdió su casa, ni el dueño de la gasolinera han recibido un centavo. Tampoco respuestas.

“Yo solo quiero que me paguen lo que me deben. Ya está. Uno tiene compromisos. Yo tuve que sacar préstamos para poder dar crédito. Y todavía estoy esperando. Lo justo sería que nos pagaran lo que es, y algo más por todo este tiempo... pero ya ni eso espero”, concluyó.

La Fuerza Nacional Antiextorsión fue una unidad especial creada en 2013 para combatir la extorsión y el crimen organizado. Dependía de las Fuerzas Armadas y contaba con despliegue nacional. En 2022, fue desmantelada por el nuevo gobierno, que transfirió sus funciones a la recién creada Dipampco.

Antes de asumir el nuevo gobierno, el extinto Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa transfirió fondos para la operatividad de varias unidades de seguridad, correspondientes a los meses antes mencionados del ejercicio fiscal 2022, por un monto de 23.8 millones de lempiras.

El dinero se distribuyó así: L17 millones para la Fuerza Antiextorsión; L2.5 millones para la Fuerza de Control de Centros Penitenciarios y L4.2 millones para la Fuerza de Seguridad y Transporte. Cada fuerza tenía su propia cuenta bancaria.

Los fondos de la FNAMP estuvieron en su cuenta 11-401-017807-0 “hasta que fueron sacados por la Secretaría de Finanzas sin dar explicación alguna de por qué realizaban dicha acción y en contra de las leyes establecidas en ese momento que ordenaron el destino de dichos fondo”, dice una denuncia planteada por agentes conocedores del caso.

En el proceso, se acumularon deudas con proveedores privados por un total que supera los 33 millones de lempiras, según datos extraoficiales. El Ministerio de Finanzas nunca confirmó oficialmente el monto ni ofreció mecanismos de compensación.

Las consecuencias fueron negocios quebrados, familias endeudadas y ciudadanos empujados al exilio económico. Mientras tanto, los responsables siguen en silencio.