Exfiscal: Ministerio Público debe actuar tras investigación de EL HERALDO
Tras la investigación de EL HERALDO Plus que liga al gobierno y diputados con dos ONG favorecidas con dinero del fondo social, la experta en derecho asegura que el MP debe investigar a los responsables
- 31 de julio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras. —“Toda investigación periodística documentada puede servir como base para abrir una investigación de oficio”, subrayó la abogada penalista y exfiscal del Ministerio Público, Claudia Erazo.
Este pronunciamiento lo hizo después de que un equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium revelara que más de 150 millones de lempiras fueron gestionados por diputados del partido Libre y transferidos por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dirigidas por militantes de la misma fuerza política.
Aunque los congresistas gestionaron, aprobaron y canalizaron el dinero, ninguna institución ha asumido la responsabilidad de fiscalizar los fondos.
Por la razón anterior, Erazo fue enfática al señalar que el Ministerio Público no necesita una denuncia formal para actuar. La documentación publicada en medios de comunicación puede ser suficiente para iniciar un proceso penal.
“Fui fiscal y asesora en varias unidades del Ministerio Público. Sé que toda investigación periodística documentada puede servir como base para abrir una investigación de oficio. Está contemplado en el reglamento interno de la Dirección de Fiscalía. Por tanto, esta investigación periodística debe generar una acción inmediata”, sostuvo la experta en derecho.
Reafirmó que este tipo de investigaciones pueden y deben motivar acciones de oficio. No se requiere denuncia individual cuando hay evidencia pública y documentada.
“El Ministerio Público tiene autoridad para actuar de oficio. Este no debe ser la excepción”, insistió.
Reafirmó que a partir de la investigación publicada de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, el Ministerio Público puede iniciar diligencias, solicitar documentos y secuestrar información tanto en Gobernación como en las ONG beneficiadas.
“Hay que verificar si el desembolso se hizo correctamente, si pasó por el sistema financiero del Estado o si fue manejado directamente por otras vías, como ocurre en algunos casos”, indicó.
Recordó que no todo el dinero público pasan por el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), y que hay ocasiones que se gestionan directamente desde el Congreso o Gobernación, en acuerdos políticos poco transparentes.
“Por eso insisto: las tres instituciones —diputados, ONG y Gobernación— son responsables. Las tres deben responder por lo que hicieron o dejaron de hacer”, externó.
La experta en derecho penal volvió a hacer énfasis en que el ente acusador del Estado no necesita una denuncia para actuar.
“El Ministerio Público tiene autoridad para actuar de oficio. Este caso no debe ser la excepción”, dijo.
Además, expuso que si la Secretaría de Gobernación emitió fondos sin una unidad ejecutora legalmente constituida, se incurrió en una ilegalidad.
“La ley dice que la secretaría que emite el dinero debe tener una unidad ejecutora. Si no la tiene, se incurre en un problema. Entonces, ¿quién firmó? ¿Quién autorizó?”, cuestionó.
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