Piden al gobierno “dar la cara” por desaparición de L17 millones para combatir extorsión
Analistas, exfuncionarios y diputados pidieron explicaciones sobre los L17 millones retirados por Finanzas; lamentaron que dejaron la institución en calamidad y la deuda con proveedores aumentó
- 04 de agosto de 2025 a las 17:09
Tegucigalpa, Honduras.- “Las personas ya no pueden comer, están perdiendo sus casas y sus pertenencias porque el Estado no les pagó. ¿Dónde está el dinero?”, con esas palabras el abogado y analista, Ramón Custodio, cuestionó la desaparición de 17 millones de lempiras destinados para la operatividad de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en 2022.
El experto sostuvo que no se trata de una confusión contable ni de un problema administrativo, sino de una posible acción deliberada por parte de funcionarios del actual gobierno.
“Primero, hay que decir que no solo son 17 millones. Son exactamente 17,086,508 lempiras para la FNAMP, 2,549,498.86 lempiras para la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, y 4,216,745.64 para la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Todo está en el oficio número GSDA-100-A-2022, fechado el 26 de enero de 2022”, explicó.
El documento, que fue publicado por el equipo de EL HERALDO Plus, evidencia cómo el dinero que había sido depositado en 2022 a una cuenta de la FNAMP fue retirado por la Secretaría de Finanzas (Sefin) sin ninguna explicación.
Según sus palabras, el dinero transferidos a cuentas del Banco de Occidente a nombre del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, y notificadas oficialmente al entonces director de la FNAMP.
“Lo curioso es que el dinero estaba en caja, listo para pagar. Hoy esa deuda no solo sigue pendiente, sino que ha crecido por moras, intereses y falta de pagos a proveedores y arrendadores. Es una violación directa de derechos humanos, porque estas personas quedaron desprotegidas por una omisión del Estado”, denunció el experto, quien sigue de cerca este caso.
El abogado fue más allá en su acusación: “¿Por qué la señora Rixi Moncada, cuando era secretaria de Finanzas, no ejecutó los pagos? ¿Por qué Manuel Zelaya, hijo del diputado Carlos Zelaya y ministro de Defensa en ese momento, tampoco hizo nada? ¿Por qué el general Roosevelt no intervino? ¿Y por qué el Ministerio Público sigue guardando silencio?”, preguntó.
Él se refirió a que en ese entonces la FNAMP era dirigida por los militares, no obstante, en mayo de 2022 pasó al mando policial como la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Durante esos días de transición, la Secretaría de Finanzas dejó a la fuerza antiextorsión en una situación de calamidad al retirarles el dinero asignado para la operatividad, para el pago de empleados y el cumplimiento de los compromisos con los proveedores, según la denuncia de fuentes vinculadas a esa fuerza.
“Las instituciones deben actuar. La gente exige justicia, y esto no puede quedar impune. Las pruebas existen. El retiro del dinero está documentado. El pueblo quiere transparencia. Es hora de investigar”, sostuvo Custodio.
Desde el Congreso Nacional también surgieron reacciones. El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, fue directo al señalar responsabilidades políticas.
“Este es otro acto más de corrupción de este gobierno. Pensaron que se quedarían en el poder para siempre. Imagínese a todos aquellos que huevaron —es decir, robaron— dinero en Sedesol. ¿Qué estarán pensando ahora?”, afirmó.
Nuevas autoridades deben responder
El coronel Amílcar Hernández, quien dirigió la FNAMP hasta febrero de 2022, afirmó que las nuevas autoridades son las que deben responder por los más de 17 millones de lempiras que desaparecieron luego que él dejó el cargo.
En diálogo con EL HERALDO Plus afirmó que “ahí no tengo mucho que opinar. Cuando se dio esa situación, yo ya estaba fuera de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas. Hasta donde estuve en el mes de febrero, todo quedó saldado. Esa información deben tenerla las nuevas autoridades”.
Este rotativo evidenció que Hernández, mediante oficio 079-2022, solicitó la transferencia de los fondos a la FNAMP el 25 de enero de 2022. El dinero estuvo en una cuenta hasta que fue sacado por la Secretaría de Finanzas sin dar explicación.
Fuentes vinculadas a esa fuerza denunciaron que “la Secretaría de Finanzas retiró los fondos existentes y ya depositados en el Banco de Occidentes (No. 11-401-017807-0), desconociéndose su paradero”.
De acuerdo con los documentos revisados, el 27 de diciembre de 2021 se publicó en La Gaceta el decreto 124-2021, que autorizaba al Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa a realizar transferencias de fondos para el primer trimestre de 2022, usando recursos del ejercicio fiscal 2021.
El objetivo era garantizar la continuidad operativa de tres fuerzas especiales: la FNAMP, la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano.
El 25 de enero de 2022, el coronel Hernández solicitó formalmente a Finanzas la transferencia de los recursos, y el 26 de enero se confirmó el depósito.
Sin embargo, tras la supresión de los gabinetes sectoriales mediante el Acuerdo No. 023-2022 y la creación de una Comisión Técnica Liquidadora —según Decreto PCM-11-2022—, el dinero fue retirado de las cuentas sin explicaciones.
Según una denuncia vinculada a exfuncionarios de la fuerza, fue la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien instruyó al abogado Carlos Díaz, liquidador designado, a paralizar los trámites para ejecutar los pagos.
Supuestamente, esta decisión se tomó porque el entonces coordinador del gobierno, Manuel Zelaya Rosales, consideraba que esas estructuras eran herencia del gobierno anterior.
A más de tres años del retiro de los fondos, ni la Secretaría de Finanzas ni el Ministerio Público han ofrecido una explicación clara o transparente sobre el destino del dinero.
Cabe destacar que la deuda no ha dejado de crecer. Según denuncias internas, el monto ya supera los 33 millones de lempiras, considerando intereses, penalidades por incumplimiento, servicios acumulados, alquileres vencidos y salarios impagados.
Numerosos oficiales de la extinta FNAMP, durante la transición a la Dipampco, recurrieron a préstamos personales, vendieron vehículos o hipotecaron propiedades para cubrir gastos operativos con la promesa no cumplida de que serían reembolsados por el Estado.
Muchos abandonaron la institución, desmoralizados por la falta de respaldo. La lucha contra la extorsión, mientras tanto, continuó bajo presión, en medio de una estructura institucional debilitada y un aparato burocrático que optó por el silencio frente a una crisis financiera provocada desde dentro.
