Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras, presidido por Luis Redondo durante el período 2022-2026, culminó su gestión con una larga lista de iniciativas y proyectos sin aprobar, reflejo de una baja productividad legislativa en los últimos cuatro años.
Aunque se avalaron algunos decretos relevantes, la legislatura estuvo marcada por conflictos internos, escasa construcción de consensos entre las bancadas y prolongados períodos sin convocatorias a sesiones, lo que impidió el avance de numerosas propuestas de ley.
La falta de acuerdos entre los bloques legislativos y la inactividad del pleno dejaron sin discusión ni aprobación iniciativas clave, como el Presupuesto General de 2026 y reformas al sistema electoral. Esta parálisis legislativa generó altos costos para el Estado y limitó los beneficios tangibles para la población.
A continuación, EH Verifica explica:
Mora legislativa
Uno de los principales asuntos inconclusos al cierre de la legislatura fue el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026. Aunque el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo durante un Consejo de Ministros, no logró ser aprobado antes del fin del período, lo que obligó al Estado a operar bajo la figura de la prórroga presupuestaria.
La responsabilidad de discutir, modificar y aprobar el nuevo presupuesto recae ahora en el Congreso Nacional entrante.
Además del tema presupuestario, cientos de iniciativas legislativas quedaron sin dictamen o archivadas. Desde la oposición se denunció que más de 800 proyectos de ley no fueron discutidos en el pleno.
El propio Congreso reconoció que numerosos dictámenes elaborados en comisiones nunca llegaron a debate. Entre ellos figuran propuestas de carácter social, económico, municipal y reformas estructurales al marco legal vigente.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) documentó esta baja productividad legislativa en su informe “Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos”, presentado en 2025.
Según el informe, de 391 proyectos de ley presentados en 2024, solo 126 fueron aprobados, lo que refleja una alta mora legislativa y una limitada capacidad del Congreso para transformar iniciativas en leyes.
El CNA también advirtió un trato desigual a las propuestas legislativas: muchas iniciativas presentadas por diputadas y diputados quedaron estancadas, mientras que los proyectos enviados por el Ejecutivo recibieron mayor prioridad, profundizando el rezago en propuestas de bancadas, especialmente de oposición.
Entre los proyectos que no avanzaron destacan las reformas al Código Penal, orientadas a aumentar las penas por delitos de corrupción, despenalizar las injurias y revisar los delitos electorales. Estas iniciativas, consideradas clave para el sistema de justicia, no lograron consensos.
También se estancaron leyes como la de Transparencia y Rendición de Cuentas, una nueva Ley de Contratación del Estado, la Ley del Consejo de la Judicatura y la Ley de Colaboración Eficaz, considerada fundamental en la lucha contra la impunidad.
En materia fiscal, no se aprobó la Ley de Justicia Tributaria, una de las más debatidas del período. Aunque planteaba corregir desigualdades en el sistema y eliminar exoneraciones, la falta de acuerdos políticos bloqueó su avance.
Otra reforma pendiente fue la del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que incluía reducir la edad de jubilación, restituir el pago de 60 rentas y crear un bono de postergación. Pese a la presión del magisterio, las demandas no fueron atendidas.
Reformas electorales y la CICIH
En el ámbito electoral, quedaron sin aprobar reformas clave como la implementación de la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la separación de las elecciones presidenciales y legislativas y una Ley Procesal Electoral. También se detuvieron reformas a la Ley de Política Limpia y a los mecanismos de elección de autoridades electorales.
Además, no se concretaron las reformas constitucionales necesarias para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), pese a que su permanencia y autonomía fueron presentadas como una prioridad. La falta de consensos políticos frustró estos cambios, trasladando el reto al nuevo Congreso.
El abogado y analista Luis León señaló que la legislatura se caracterizó por su baja productividad, con escasos beneficios tangibles para la población, pese al elevado gasto que representa.
“Este Congreso ha permanecido paralizado entre la inactividad, vacaciones y conflictos políticos. El costo para los hondureños es altísimo debido a los salarios, gastos y recursos consumidos”, opinó.
Con este panorama, el Congreso Nacional concluye la gestión de Luis Redondo con una mora legislativa considerable, múltiples reformas estructurales pendientes y un elevado número de iniciativas sin resolución.
Los datos del CNA refuerzan la percepción de una legislatura poco efectiva, marcada por la falta de consensos y la priorización selectiva de proyectos.
Ahora, el nuevo Congreso hereda una agenda cargada de temas fiscales, institucionales, electorales y anticorrupción, en un contexto de altas expectativas sobre su capacidad para corregir los rezagos y dejar de ser visto como un simple “tramitador del Ejecutivo”.
