Tegucigalpa, Honduras.- Ramón Barrios, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el procedimiento de juicio político se estableció en la Constitución de la República en 2012.
"La figura del juicio político se introduce en la Constitución de la República en 2012", aseguró (desde el minuto 21:06).
Sin embargo, esa afirmación es falsa. El Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que introdujo el juicio político el 22 de enero de 2013, mediante el Decreto Legislativo No. 231-2012. Posteriormente, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 24 de enero de 2013, lo que le dio validez oficial.
Al ser contactado por EH Verifica, Barrios mantuvo su postura inicial.
Desde 2012
El juicio político es un procedimiento legislativo que permite destituir o inhabilitar a funcionarios públicos por actos irregulares que vulneren la Constitución o la ley.
Su incorporación buscó dotar al Congreso Nacional de un mecanismo formal de control y responsabilidad política sobre determinados cargos.
La propuesta de reforma constitucional que incluyó esta figura se presentó y discutió durante 2012.
Sin embargo, la incorporación formal ocurrió cuando el Congreso Nacional aprobó la reforma el 22 de enero de 2013, mediante el Decreto Legislativo No. 231-2012.
Posteriormente, el decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033, el 24 de enero de 2013, paso que otorga validez oficial a la reforma y consolida la figura del juicio político en el marco constitucional hondureño.
Antes de esa reforma, Honduras no contaba con un procedimiento constitucionalmente definido para aplicar un juicio político. La iniciativa buscó llenar ese vacío, alineando al país con mecanismos de control político presentes en otras democracias.
El decreto fue ratificado hasta abril de 2014, siguiendo la ratificación consitucional exigida por la Carta Magna.
La reforma no solo introdujo el juicio político, sino que también estableció condiciones y pasos generales para su aplicación dentro del Congreso Nacional, incluyendo la presentación de una denuncia, la revisión por comisiones legislativas y la votación final en el pleno.
En ese contexto, Germán Licona, abogado penalista, señaló que el juicio político se aprobó desde 2013 como “un mecanismo constitucional para deducir responsabilidad a altos funcionarios del Estado”.
En conclusión, la afirmación es falsa, porque la reforma fue aprobada el 22 de enero de 2013 y publicada el 24 de enero de 2013.
