Tegucigalpa, Honduras.- La tarde del martes 28 de octubre, ante el estancamiento legislativo que, según el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, responde a la “falta de consensos”, más de 70 diputados de oposición se autoconvocaron a una sesión extraordinaria en la que aprobaron extender el período de sesiones ordinarias de noviembre a enero de 2026.
La reunión se celebró en los bajos del Congreso y contó con la participación de líderes opositores como Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional; Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH); e Iroshka Elvir, del Partido Liberal.
Los congresistas justificaron su autoconvocatoria con base en el artículo 191 de la Constitución de la República, argumentando la inacción de la junta directiva del Legislativo.
Con esta aprobación, los diputados buscan impedir que la directiva, encabezada por Redondo, nombre el 31 de octubre una Comisión Permanente integrada por nueve diputados propietarios y sus respectivos suplentes, la cual asumiría amplias funciones durante el receso legislativo.
Aunque la autoconvocatoria cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, lo aprobado enfrenta un obstáculo legal: su entrada en vigencia depende de su publicación en el diario oficial La Gaceta, conforme lo establece el artículo 5 del Código Civil de Honduras.
A continuación, EH Verifica lo explica:
Clave: la publicación
El dilema radica en que la publicación en La Gaceta depende del Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, cuyo gobierno mantiene afinidad con el oficialismo legislativo, responsable del estancamiento de las sesiones desde hace más de 60 días.
En este contexto, resulta, dicen las fuentes de EH Verifica, poco probable que el Ejecutivo sancione o publique un decreto emanado de una sesión realizada fuera del control de la junta directiva del Congreso, integrada mayoritariamente por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
Si el decreto no es publicado en La Gaceta, quedará sin efecto, como ocurrió en 2023, cuando los diputados opositores se autoconvocaron y aprobaron decisiones que nunca fueron divulgadas oficialmente, por lo que no adquirieron validez legal. Aquella sesión se desarrolló entre disturbios protagonizados por colectivos de Libre y una reunión paralela de la junta directiva, en la que se nombró una Comisión Permanente.
De hecho, el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, aseguró que lo realizado la tarde del lunes por los legisladores opositores carece de validez legal y calificó la acción como una “pantomima orquestada por grupos de poder”.
“No cumplen los requisitos, por lo tanto, lo que hacen es perder el tiempo. Esperamos a los jefes de bancada para discutir la agenda, ya que son ellos quienes han evitado las sesiones al imponer obstáculos. En las reuniones de bancada dicen una cosa y en los medios de comunicación otra”, declaró el congresista por el departamento de Valle.
Vigente para lo opositores
La diputada Fátima Mena argumentó que, si bien la ley establece que los decretos deben publicarse en La Gaceta, la extensión del período de sesiones ordinarias podría considerarse vigente al amparo del decreto 33-2020, que autoriza su difusión a través de medios electrónicos.
“Consideramos que la resolución ya fue adoptada por el pleno, ya que el decreto 33-2020 autoriza su publicación por medios electrónicos, no únicamente La Gaceta. Es de conocimiento público que se realizó la sesión extraordinaria”, explicó Mena.
La parlamentaria advirtió que, si el decreto no entra en vigencia, las autoridades podrían enfrentar consecuencias legales, y quedaría en evidencia que la intención principal es instalar la Comisión Permanente. “Con su nombramiento, se habilitaría la aprobación de más endeudamiento y otras decisiones que generan preocupación”, agregó.
Pugna política
La prolongada crisis legislativa refleja un pulso político entre la oposición y el oficialismo, que mantiene al Congreso Nacional prácticamente inoperante desde hace más de dos meses.
Las sesiones permanecen suspendidas por la falta de acuerdos entre los jefes de bancada, mientras temas clave —como los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF. AA.)— podrían convertirse en nuevos puntos de discordia entre los congresistas.
Para los legisladores de oposición, la autoconvocatoria representa un intento por reactivar la agenda legislativa y evitar que el oficialismo concentre el poder durante el receso.
Sin embargo, desde el entorno del Partido Libertad y Refundación (Libre), la acción es vista como una maniobra política destinada a deslegitimar la autoridad de la junta directiva y generar un precedente de ruptura institucional.
En medio de este conflicto, analistas como Oliver Erazo advierten que, además del estancamiento que mantiene paralizado a uno de los poderes del Estado, la ciudadanía percibe un clima creciente de desconfianza.
“Sabemos que el gobierno de Libre tiene calculadas todas las estrategias que los diputados de oposición pueden emprender amparados en la Constitución. Las instancias se están agotando. El Congreso no puede ni debe continuar paralizado”, declaró Erazo en medios de comunicación.
A poco más de un mes para las elecciones generales, el futuro del decreto aprobado por la oposición sigue siendo incierto, a la espera de una publicación en La Gaceta que, según estimaciones de analistas, difícilmente ocurrirá.
