El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó reparos a 74 exfuncionarios del gobierno, por mal uso de los fondos públicos. Los pliegos de responsabilidad civil ascienden a 4.9 millones de lempiras.
Exfuncionarios, exfuncionarios municipales y docentes comprende el listado de reparados.
El listado lo encabeza José Holliday Venegas, quien se desempeñó como asistente del staff Presidencial durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2006 y el 28 de junio de 2009, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. A este exfuncionario el TSC le notificó un reparo por 2.4 millones de lempiras.
Le sigue en el listado Iván Edgardo López, quien se desempeñó como gerente de Recursos Humanos de la Alcaldía de San Pedro Sula, en el gobierno de Zelaya.
El ente contralor le notificó un pliego de responsabilidad civil por 1.3 millones de lempiras. A Mariano López Mejía, un docente del Jardín de
Niños Consuelo de Escorcia, de la comunidad de El Pino, El Porvenir, Francisco Morazán; instituto Satuyé de Sambo Creek, La Ceiba; y escuela Gracias a Dios, en Arizona, Atlántida, fue reparado con 240,378 lempiras.
El listado concluye con Augusto César Nolasco, quien fungió como regidor de la municipalidad de Masaguara, Intibucá, a quien el TSC lo repara por 187 lempiras.
Las notificaciones se efectuaron de manera pública, en virtud de desconocerse el domicilio actual, lugar de trabajo de los responsables.
En casos como José Holliday Venegas, Mariano López Mejía y Edwin Adán Castillo, este último un motorista de Salud, por tratarse de responsabilidades producto de investigación especial el TSC les concedió un término de 30 días hábiles para proceder a impugnar los mismos.
En el caso de los demás ciudadanos a quienes se les notifica pliegos de responsabilidad civil cuentan con un término de 60 días hábiles para impugnar. Con las impugnaciones se tratará de desvanecer total o parcialmente los reparos.
Le corresponderá al pleno de magistrados del TSC confirmar dichos pliegos de responsabilidad. Los casos que ameriten se remitirán a la Procuraduría General de la República para que obligue a los responsables a devolver al Estado la suma de dinero mal manejado.
