Un grupo de al menos 150 policías presentó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Depuración Policial, argumentando que afecta las garantías otorgadas a los ciudadanos por la Constitución de Honduras al permitir la aplicación de pruebas de confianza.
Gladys de Montoya, representante legal de los afectados, aseguró que el escrito pretende la declaración de inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), de varios decretos, entre ellos algunos con carácter retroactivo, que fueron reformados por el Congreso Nacional.
'Viola el derecho a la defensa, del debido proceso, porque aquí los está dejando indefensos. Se les está violentando la moral, se les está violentando todas las garantías que están en la Constitución', argumentó la abogada.
La profesional del derecho aseguró que mediante el recurso solicita a la CSJ estudiar los casos y declarar inconstitucionales los decretos porque son 'violatorios a las garantías constitucionales y a los derechos humanos'.
Casi un centenar de elementos de la Policía Nacional
de Honduras fueron puestos en condición de disponibilidad en los últimos días por las autoridades de la institución. De ellos, muchos reprobaron las pruebas de confianza.
El director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, aseguró ayer que algunos policías no han sido separados pese a que aprobaron las pruebas porque una comisión jurídica
está analizando caso por caso.
Desde que comenzó el proceso de depuración se han realizado 800 pruebas de confianza, 400 de ellas mediante la prueba del polígrafo, de las
124 policías y civiles salieron reprobados.
