Sucesos

Magistrados destituidos y los recién juramentados llegarán a trabajar

Los funcionarios separados por el Congreso Nacional aseguran que ese proceso fue ilegal y que su período concluye en 2016, por lo tanto se presentarán el próximo tres de enero a sus funciones en el Poder Judicial.

27.12.2012

El próximo tres de enero, los magistrados juramentados recientemente por el Congreso Nacional se estarían presentando a sus labores en el Poder Judicial, una vez concluido el asueto de 15 días con motivo de las fiestas navideñas.

Su incorporación a la Sala Constitucional no tendría nada de raro si no fuera porque ese día también estarían llegando
los magistrados que fueron destituidos por el Congreso Nacional, y que alegan que siguen en sus cargos.

Como han declarado públicamente, sus funciones culminan en 2016, al cumplir el período de siete años para el que fueron nombrados, en vista de que el Congreso Nacional no tiene facultades para separarlos de sus puestos.

En un hecho que podría calificarse de atípico e inusual, serán los nuevos magistrados -nombrados por el Legislativo- quienes conocerán del recurso de amparo interpuesto por los que fueron destituidos por ese poder del Estado.

La destitución de José Francisco Rulz Gaekel, José Antonio Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz obedeció al malestar que generó su fallo en torno a las pruebas de confianza en la institución policial, las que consideraron como inconstitucionales.

Navas aseguró que los cuatro magistrados continúan en sus cargos por el periodo que establece la Constitución de la República.

El profesional del derecho ha declarado que retirar a un magistrado es como destituir a la Corte Suprema de Justicia.

El Poder Judicial se reintegra a sus labores el próximo jueves 3 de enero, luego de gozar de vacaciones de 15 días.

Una vez reintegrados a sus labores, se supone que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés convocará al pleno de magistrados para resolver el recurso de inconstitucionalidad
presentado en contra de las pruebas de confianza con una sentencia que será definitva.

Según profesionales del derecho, las pruebas de confianza son inconstitucionales debido a que la misma Constitución de la República establece que ninguna persona podrá declarar en su contra, lo que es violentado con la implementación del polígrafo.