Tegucigalpa, Honduras.- El escenario legislativo ha sido sacudido por una propuesta que promete elevar la temperatura política a niveles máximos.
La diputada del Partido Nacional, María José Sosa, confirmó que se encuentra trabajando en un sustento legal amplio para solicitar formalmente la cancelación de la personería jurídica del partido Libertad y Refundación (Libre).
La iniciativa, que surge tras la reciente remoción del retrato de Luis Redondo en el Congreso, busca establecer un precedente sobre la legalidad de las instituciones políticas que aspiran a administrar el Estado.
Según la parlamentaria, existen evidencias públicas que cuestionan la base misma sobre la cual se constituyó el partido que gobernó el periodo pasado, señalando supuestas fisuras legales y de financiamiento que no fueron atendidas en su momento.
Esta ofensiva jurídica se plantea no solo como una acción legislativa, sino como parte de una estrategia de "reordenamiento institucional" que el oficialismo considera necesario para depurar el sistema de partidos en el país, especialmente frente a lo que denominan figuras de ilegalidad.
"Hay fundamentos, evidencias públicas que son de conocimiento no solamente de nosotros como diputados, sino de la población en general, que son justificaciones suficientes para poderle quitar la personería jurídica a Libertad y Refundación", manifestó María José Sosa, diputada nacionalista.
La propuesta se fundamenta en cuestionamientos que datan desde la creación de Libre, sugiriendo que el partido nació bajo una "sombra de ilegalidad" que fue omitida por las autoridades fiscales de aquel entonces debido a vínculos de afinidad.
Para Sosa, el objetivo es garantizar que cualquier organización que preste un servicio público a través de la política esté debidamente constituida en ley, evitando que se mantengan estructuras que, a su juicio, han vulnerado la institucionalidad hondureña.
A pesar de la contundencia de sus declaraciones, la diputada aclaró que la presentación formal de la iniciativa aún no tiene una fecha definida en el calendario legislativo.
Aseguró que el expediente contra Libre sigue su curso técnico y será presentado una vez que esté debidamente blindado contra interpretaciones de persecución política. "Estamos trabajando para que cuando se llegue a la presentación formal de esta solicitud esté debidamente justificada, sustentada y que no haya dudas y que no lo tilden de una vendeta", señaló la parlamentaria nacionalista.
En defensa
Desde la oposición, la reacción no se hizo esperar. El diputado, Rafael Sarmiento, desestimó categóricamente la propuesta, calificándola como una maniobra distractora que carece de sustento jurídico real.
Para el diputado de Libre, este tipo de iniciativas forman parte de un "sectarismo político" que busca entretener a la opinión pública con temas electorales en lugar de abordar los problemas económicos urgentes que afectan a la población, como el costo de la canasta básica y la inflación.
Sarmiento defendió la legitimidad de su instituto político citando la Ley Electoral de Honduras, la cual es taxativa al establecer las causales para la cancelación de un partido.
El legislador recordó que Libre no solo cuenta con una estructura nacional sólida, sino con una representación masiva en los gobiernos locales y en el Congreso Nacional, lo que hace legalmente inviable cualquier intento de proscripción basado en criterios subjetivos o de venganza política.
"Payasadas, eso no resuelve el problema de país, además le está mintiendo al pueblo hondureño, no hay ninguna causal para quitarle la personería jurídica al Partido Libertad y Refundación", afirmó Sarmiento.
La defensa de Libre se centra en su músculo electoral actual, contando con casi 70 alcaldías y una bancada de 35 diputados propietarios, lo que blinda al partido ante la causal de falta de representación mínima que exige la ley.
Sarmiento acusó a la oposición de querer usar el Congreso como un espacio de "pan y circo" para alimentar a sectores radicales, desviando la atención de los altos precios de los combustibles y la crisis económica que golpea el bolsillo de los ciudadanos.
El parlamentario oficialista enfatizó que el sistema democrático se fortalece con el debate de temas de país y no con propuestas que considera "descabelladas" y alejadas de la realidad jurídica.
Según su análisis, el pueblo hondureño observa estos movimientos y juzgará a quienes priorizan la politiquería por encima de las necesidades de la gente.
