En calidad de testigo propuesto por el Ministerio Público, se presentó este jueves en los Juzgados de Letras de lo Penal en
Comayagüela
el
exministro
de Seguridad,
Pompeyo
Bonilla.
El funcionario rendirá declaración en relación a la fuga de cuatro
exmiembros
de la Policía Nacional vinculados al crimen de los universitarios
Carlos David
Pineda
y Alejandro Castellanos, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Julieta
Castellanos.
La declaración de Bonilla se tomaría ayer
al mediodía, pero fue postergada para hoy a las 11:30 AM, aunque el funcionario ingresó a los Juzgados diez minutos antes y se dirigió al despacho del juez ante el cual dará su versión de los hechos.
Bonilla fue propuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos, ya fue la última persona que tuvo contacto con los supuestos asesinos.
Al salir del despacho judicial Bonilla dijo que se encontraba a disposición del juez, en el momento en que considere oportuno para venir a presentar las declaraciones.
El funcionario aseguró que solamente ratifico las declaraciones que en su momento rindió en el Ministerio Público.
Afirmó que actualmente las autoridades están determinando en la forma en que los cuatro policías “fueron dejados en libertad para gozar de su fin de semana cuando habíamos dado instrucciones de que permanecieran privados de su libertad con
procedimientos
administrativos”.
Bonilla aseguró que presentó un acta notarial de como los sospechosos “recibieron ese permiso de gozar del fin de semana”.
Anteriormente se dijo que el exministro de Seguridad habría autorizado el permiso para que el subinspector Carlos
Geovany Gáleas
y los agentes de la escala básica
Wilfredo Figueroa Velásquez, Santos
Arnulfo
Padilla
Rodríguez
y José
Rubén
Pozo
López salieran de las instalaciones de la Jefatura Metropolitana I en
Tegucigalpa
mientras se encontraban en depósito por suponerlos responsables del doble crimen.
Tras obtener el permiso, los elementos policiales salieron de la oficina del entonces ministro de Seguridad y
no regresaron a la Jefatura
por lo que fueron declarados prófugos de la justicia.
Algunos sectores criticaron que hasta ahora el Ministerio Público
procedió
a citar a Bonilla, cuando ese llamado debió efectuarse desde el inicio de la investigación del asesinato de los dos universitarios. La citación del nuevo secretario privado coincide con la
intervención del Ministerio Público
aprobada por el Congreso Nacional.
Después que los
policías
se dieron a la fuga, la Secretaria de Seguridad ofreció una recompensa de 50 mil
lempiras
por cada uno
de ellos.
Sin embargo, dos de ellos se presentaron voluntariamente mientras que el
subinspector
Carlos
Galeas aún se encuentra
prófugo
de la justicia.
