Tegucigalpa, Honduras.– Una jueza de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Edwin Josué Murillo Escobar, Fares Alexander Sánchez Rivera, Axell Daniel Cáceres Sánchez y Ángel Aguinaldo Orellana Merlo, señalados como supuestos responsables del delito de secuestro agravado en perjuicio de Edwin Roney Cabrera Mejía.
La resolución se emitió tras concluir la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde el Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal y presentó una serie de elementos probatorios, que según las investigaciones, vinculan a los imputados con el hecho delictivo.
Según la relación de hechos expuesta por la fiscalía, el secuestro ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del lunes 30 de marzo en un centro comercial de La Ceiba. En ese momento, un microbús color azul oscuro irrumpió en el lugar y de él descendieron al menos dos individuos que interceptaron a la víctima, privándola de su libertad.
Las investigaciones detallan que, al día siguiente del secuestro, uno de los implicados se comunicó con personas cercanas a la víctima para exigir una elevada suma de dinero a cambio de la liberación de Cabrera Mejía, consumando el delito de secuestro agravado.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testificales, entre ellas un álbum fotográfico de los vehículos utilizados la geolocalización de teléfonos celulares que sitúa a los imputados en la escena del crimen y tres testimonios, dos de ellos protegidos.
Pese a las pruebas de la fiscalía, la defensa técnica de los imputados rechazó la acusación y solicitó el sobreseimiento; sin embargo, la jueza concluyó que existen indicios racionales suficientes para presumir la participación de los encausados en el ilícito.
Al considerar la imposibilidad de aplicar medidas sustitutivas, la autoridad judicial ordenó que los cuatro imputados permanezcan bajo prisión preventiva por el término legal establecido, siendo remitidos al centro penitenciario de El Progreso, Yoro, donde quedarán bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.
