Cámaras del 911 los incriminan: envían a prisión a acusados del asesinato de Sobeyda y José
Pruebas documentales y periciales, además del análisis de información obtenida de cámaras del 911, fueron parte de los elementos presentados por la Fiscalía en su contra
- Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 11:40
El caso de los amigos sospechosos de haber asesinado a Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya continúa bajo investigación. Estos son los detalles.
En la audiencia inicial, auto de formal procesamiento fue dictado contra Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Oveda, con la medida cautelar de prisión preventiva, por el caso de los esposos asesinados en El Progreso, Yoro.
Pruebas periciales y videos de cámaras de seguridad son parte de los elementos que presentó la Fiscalía en contra de los imputados Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Oveda.
El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, confirmó que la resolución judicial fue emitida tras concluir la audiencia inicial, la cual se extendió durante tres días debido a la complejidad del caso.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de El Progreso, donde se analizaron los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público contra los imputados.
“El juzgado ha decretado un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra los involucrados”, indicó Barahona, por lo que ambos permanecerán recluidos.
¿Qué pruebas se presentaron? La Fiscalía presentó pruebas documentales y periciales, entre ellas análisis técnicos, extracción de información de cámaras del sistema 911 y grabaciones obtenidas de viviendas cercanas al lugar de los hechos.
A los acusados se les supone responsables del delito de asesinato en perjuicio de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, quienes perdieron la vida en un hecho violento ocurrido en El Progreso el pasado 11 de febrero de 2026.
Pese a que la defensa de los imputados trató de desvirtuar lo presentado, la autoridad judicial consideró que existen indicios racionales mínimos que vinculan a los imputados con el crimen.
Los acusados deberán cumplir la prisión preventiva en el centro penitenciario de El Progreso, medida que puede extenderse hasta por un máximo de dos años conforme a la legislación hondureña.