Tegucigalpa, Honduras.– La socióloga Julieta Castellanos afirmó que el juicio político aplicado en el país debe ir más allá de la destitución e inhabilitación de funcionarios, al considerar que la crisis electoral reciente involucra a otros actores que también deben rendir cuentas.
Según la analista, este mecanismo no tiene carácter penal, sino que busca determinar si un funcionario es idóneo para ejercer el cargo. Sin embargo, subrayó que en el contexto actual se evidenciaron acciones deliberadas que habrían interferido en el proceso electoral, lo que agrava la situación institucional. "En este caso hubo acciones deliberadas para interferir en el proceso electoral", aseguró en declaraciones a la radio RCV.
Castellanos sostuvo que lo ocurrido no responde a errores por negligencia o incapacidad, sino a decisiones coordinadas que impactaron directamente el desarrollo de las elecciones, poniendo en entredicho la transparencia del proceso democrático.
"Una vez que se confirma si no es idóneo en el cargo, porque no cumple con lo que le corresponde hacer y de hecho no cumplieron, es más interfirieron", amplió.
En ese sentido, señaló que corresponde al Ministerio Público profundizar en las investigaciones para establecer si existen responsabilidades penales y presentar los requerimientos fiscales que correspondan contra quienes resulten implicados. "Ellos no son idóneos para ese cargo, porque ellos lo que han demostrado es que obedecieron a un partido político que les dio instrucciones para obstruir el proceso electoral, la parte que sigue es que sanciones tiene esto, si van a ser sanciones administrativas, penales o civiles".
“Esto no puede quedar en el olvido ni en simples faltas; debe tener consecuencias”, advirtió Castellanos, al insistir en la necesidad de que el caso siente un precedente en la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional del país.
