Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), declaró culpables a 11 exintegrantes de la desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras considerar su participación en varios delitos cometidos durante un operativo realizado en Villanueva, Cortés.
La resolución emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, declaró culpables a Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evelyn Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
José Salinas, portavoz del Poder Judicial, explicó que los exfuncionarios fueron encontrados responsables por delitos de allanamiento de domicilio por funcionario público o empleado, robo con violencia e intimidación agravado continuado.
"El Tribunal determinó responsabilidades penales adicionales para cuatro de los condenados, al establecer que también incurrieron en privación ilegal de la libertad realizada por empleado o funcionario público y tratos crueles, inhumanos o degradantes", apuntó el funcionario.
El fallo judicial también establece que Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez y Fernando José Castellanos Canales también fueron hallados culpables por falsificación de documentos públicos.
Sin embargo, en el caso especial de Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, la sentencia además incorpora el delito de falso testimonio.
Medidas
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos sostuvo que, durante el juicio, se logró acreditar la participación de los acusados mediante pruebas técnicas, científicas y testimoniales presentadas durante el debate oral y público.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 en la colonia Real del Puente, en Villanueva, Cortés.
Además, las investigaciones del Ministerio Público apuntan que los ahora condenados, aprovecharon su condición de funcionarios para ingresar de manera ilegal a una vivienda donde residía un ciudadano de origen filipino.
