La comunidad internacional intensificará su apoyo durante este mes para colaborar en el proceso de depuración de la Policía Nacional.
Al menos eso es lo que ha dejado entrever el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, que informó que el 29 de enero llega a Honduras el grupo de Carabineros de Chile.
También arribarán al país misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los Carabineros y las misiones de la OEA y del BID se sumarán a la misión del gobierno de Colombia que desde hace varios meses ofrece asistencia en materia de investigación y hace recomendaciones en general.
El ministro de Seguridad ofreció esta información luego que varios sectores de la sociedad le cuestionara la poca información que se ha ofrecido en torno a las últimas separaciones de oficiales y personal de la escala básica de la institución.
El pasado viernes la Secretaría de Seguridad canceló a 52 elementos, entre oficiales y escala básica, pero no ofreció detalles de los motivos por los que fueron cesanteados ni tampoco los nombres.
Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuestionó que 'hace falta más información sobre las investigaciones' de estos casos.
Estos 52 elementos se suman a otros 40 que habían sido separados hace un poco más de un mes.
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La falta de información sobre las investigaciones de estos casos llega al extremo que el Ministerio Público no tiene el insumo necesario para abrir juicios contra cualquiera de estos 92 elementos, entre los que se encuentran cerca de diez oficiales de alto rango.
Otro de los señalamientos va orientado a que entre los elementos destituidos no se han incluido oficiales que han sido investigados por sus vínculos al crimen organizado y al narcotráfico.
Tampoco se ha incluido a los oficiales que jefeaban los carteles de policías que operaban a diestra y siniestra en la ciudad capital y otras partes del país.
La misma rectora señaló a EL HERALDO que no es posible que la Policía afirme que no sabe quiénes son.
La rectora recordó que los carteles policiales 'operaban en un sistema que ellos asaltaban, asesinaban jóvenes, les quitaban el vehículo y luego ese auto lo reformaban, le modificaban la serie y lo usaban los oficiales para su uso privado' y no es posible que desconozcan quiénes son.
En ese sentido, la rectora reiteró que este proceso de depuración debe ser liderado por una comisión interventora, conformada por miembros nacionales e internacionales.
Defiende discrecionalidad
Ante esas peticiones el secretario de Seguridad Pompeyo Bonilla, defendió la 'discrecionalidad' con la que esa dependencia ha actuado en lo concerniente a la separación de elementos. El funcionario alegó que en esa Secretaría no son jueces para decir quién es culpable o no, simplemente se limitan a efectuar las acciones administrativas en aras de seguir con la depuración policial.
En torno al porqué se mantienen en secreto los nombres de los policías separados, Pompeyo dijo que el exministro Gautama Fonseca, en su afán de buen gesto con la población, cometió el error de dar los nombres de los policías separados, y eso entorpeció el proceso de limpieza.
'No juzgamos en este momento las actuaciones de nadie, solo actuamos en base a lo que la ley nos permite... No somos jueces, solo actuamos administrativamente', argumentó.
Pompeyo defendió que están tomando 'acciones precisas para que el pueblo pueda contar con una Policía eficiente, confiable... que tenga el respeto y el cariño del pueblo hondureño... estamos haciendo una reforma completa'.
Rectora pide comenzar proceso de judicialización
Julieta Castellanos, rectora de la UNAH, ha demandado que la Policía Nacional entregue a la Fiscalía los expedientes de los policías cancelados para que se inicie el proceso de judicialización.
La rectora señaló que es importante comenzar a judicializar los casos para evitar que queden en la impunidad.
Sobre el retraso que hay en remitir los informes a la Fiscalía, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla dijo que 'recientemente se dio el caso de dos inspectores que trabajan en investigación criminal que fueron denunciados por actos de abuso sexual y por otras acciones ilícitas y ya fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público'.
Sin embargo, estos casos no tienen nada que ver con la depuración de policías ligados al narcotráfico o al crimen organizado.
