Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres, identificados como el padrastro y el abuelo de una niña de cinco años, fueron capturados este martes 27 de octubre por agentes de la Policía Nacional en Tegucigalpa, señalados de cometer presuntas agresiones sexuales en perjuicio de la menor.
De acuerdo con el informe policial, los hechos habrían ocurrido cuando la madre de la pequeña la dejaba bajo el cuidado de ambos hombres para salir a realizar diferentes diligencias, momento que presuntamente aprovechaban los sospechosos para cometer los abusos.
Asimismo, las investigaciones señalan que los dos individuos habrían intimidado a la niña mediante amenazas directas para impedir que contara lo sucedido a sus familiares.
Sin embargo, el padre de la menor se enteró de lo ocurrido y decidió interponer una denuncia, lo que permitió que las autoridades iniciaran las acciones correspondientes para investigar el caso.
Ambos sospechosos fueron detenidos y remitidos ante los órganos judiciales competentes para responder por los delitos que se les imputan, mientras continúa el proceso legal correspondiente.
Más de 10,000 agresiones sexuales en cinco años
A través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y sus instancias de investigación sobre violencia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió sobre la magnitud de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país.
La alerta se basa en el análisis de 10,075 requerimientos fiscales relacionados con delitos sexuales durante los últimos cinco años, un registro que evidencia la gravedad de esta problemática, con hasta cinco evaluaciones diarias vinculadas a abusos en perjuicio de personas entre los cero y 18 años de edad.
Sin embargo, el número real de víctimas podría ser mayor, debido a que muchas personas afectadas no denuncian ni buscan ayuda por miedo, estigma, inseguridad o acceso limitado a los servicios de atención, explicó Marjorie Echenique, directora del IUDPAS.
Entre los principales hallazgos de la investigación destaca que el 62% de los casos registrados ocurrió en viviendas y que siete de cada diez agresores eran personas conocidas por las víctimas, pertenecientes a su entorno familiar o de confianza.
