Sucesos

Bajo un total hermetismo investigan crimen de oficiales en Tegucigalpa

Una de las hipótesis que manejan los cuerpos de investigación es que “sabían mucho”. Al menos 50 perforaciones de balas de distintos calibres fueron contabilizadas en el vehículo.

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04.05.2012

Unidades de inteligencia analizan varias hipótesis que se tejen en torno al crimen de los dos oficiales suspendidos de la Policía Preventiva que fueron acribillados a balazos la tarde del miércoles en el bulevar Fuerzas Armadas.

Los subcomisarios de policía Rossel Armando Nájera Hernández, de 33 años, originario de El Progreso, Yoro, y Dorian Mártir Sobalvarro Bueso, de 35 años, oriundo de Tela, Atlántica, fallecieron de múltiples heridas de bala.

El informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) establece que a las 6:00 de la tarde en la Central de Comunicaciones de la Policía Nacional recibieron información sobre dos personas muertas en el interior de un vehículo.

Al llegar confirmaron que las víctimas eran los dos oficiales, quienes se conducían en un pick-up, marca Mitsubishi, color blanco, sin placas, el cual presentaba múltiples perforaciones de bala.

Se confirmó que los dos oficiales habían sido separados de la institución en noviembre del año pasado en una sacudida que inició a raíz de la muerte de dos estudiantes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.

En aquel entonces, EL HERALDO
informó en exclusiva los nombres de los agentes separados, entre los que figuraban los nombres de las víctimas.

Hay que recordar que después del doble crimen de los universitarios quedó al descubierto la existencia de una banda criminal conformada por elementos de la Policía Preventiva que, supuestamente, operaba en el distrito 1-6 del barrio La Granja.

Según unidades de inteligencia, esta red tenía conexión en los diferentes distritos que pertenecen a la Jefatura Metropolitana 1, en lo que ambos oficiales ocupaban cargos de dirección. La organización, según las investigaciones, se dedicaba a robo de vehículos, extorsiones, sicariato, asaltos bancarios y residencias, secuestros y otros.

Sobalvarro Bueso estaba asignado al Distrito 1-7 de la colonia San Francisco de Comayagüela. Nájera Hernández pertenecía a La Granja.

Hermetismo

Las investigaciones relacionadas con el doble crimen son manejadas con hermetismo, ya que no ha habido reacción por parte de los altos mandos policiales y de la Secretaría de Seguridad.

Técnicos de la Sección de Inspecciones Oculares de la DNIC realizaron la requisa en el vehículo en que se conducían las víctimas en busca de evidencias que puedan conducirles al esclarecimiento del caso.

Se constató que el automotor presenta más de 50 perforaciones de balas de diversos calibres en la parte trasera y delantera, así como en los laterales.

Una versión no oficial que circuló en los cuerpos de inteligencia es que a los dos oficiales les daban seguimiento desde hace cuatro años, lo mismo que a otros más. Sin embargo, ninguna fuente oficial lo confirmó

También se dijo que se estaban documentando varios expedientes de investigación.

Hipótesis

Una de las hipótesis que manejan los investigadores en torno al doble homicidio es que eran personas “que sabían mucho” y que, posiblemente, “los mandaron a callar”. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por las autoridades investigativas o de Seguridad.

También trascendió que el 31 de diciembre del año pasado, Sobalvarro Bueso sufrió un atentado criminal en la ciudad de Tela, cuando regresaba de visitar a su familia. Era acompañado de otros oficiales, quienes repelieron el ataque al hacer uso de sus armas de fuego.

Investiga denuncias

La Fiscalía de Derechos Humanos espera que mediante una investigación se determine quiénes segaron la vida de los oficiales de policía Najera y Sobalvarro.

Tras ser identificados procede la deducción de responsabilidades, esto es lo que se espera del sistema de justicia, dijo el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado

En relación al tema, Enamorado coordinó ayer acciones con Mario Chinchilla, nominado subdirector de la DIECP, con el fin de ponderar casos de policías procesados y de los cuales no se tramitó la suspensión del cargo.

Ambas dependencias tienen en su poder un listado con información pormenorizada de los policías que la Fiscalía contabiliza como denunciados, procesados, los que tienen auto de prisión en su contra y los condenados pendientes de una ejecución de sentencia.

Solo del año anterior a la fecha la Fiscalía sumó más de 770 denuncias donde están implicados oficiales de policía, informó. En porcentaje menor son denunciados otros agentes del Estado, como efectivos de las Fuerzas Armadas.

“No podría permanecer activa una persona sobre la cual pende un auto de prisión, según la normativa que dicta a la Secretaría de Seguridad sobre estos casos”, expresó el fiscal.

Enamorado recomendó a oficiales y agentes amenazados que no tengan temor de sus vidas al solicitar medidas cautelares en su favor. No es la primera vez que ocurriría, ya existen oficiales que han sido beneficiados con medidas cautelares para garantizar su integridad física.

Catorce años tenía Sobalvarro en la Policía

El subcomisario de Policía Dorian Sobalvarro Bueso era originario del municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Egresó de la Academia Nacional de Policía (Anapo) en 1998, con el grado de subinspector de Policía y licenciado en ciencias policiales.

Estuvo asignado en varias dependencias de la Policía Nacional, entre las que se encuentran: en Tránsito, en la jefatura número dos de San Pedro Sula; en el Departamento de Análisis de la Policía, en la Policía de Fronteras en Tegucigalpa y su última asignación fue en la Jefatura Metropolitana número 1, especialmente en el Distrito 1-7, ubicado en la colonia San Francisco de Comayagüela.

Sobalvarro tenía tres años de ser subcomisario y había sido suspendido de sus funciones.

Nájera Hernández estuvo en La Granja y en occidente

El subcomisario de Policía Rossel Armando Nájera Hernández egresó de la
academia Nacional de Policía (Anapo) en 2000 con el grado
de subinspector de Policía.

Además de eso, el mismo año se le otorgó el título de licenciado en ciencias policiales. El oficial estuvo asignado en la Jefatura Metropolitana número 1 de Tegucigalpa y luego fue trasladado al Distrito Policial 1-6 ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela.

Luego fue trasladado a la Jefatura departamental número 14, ubicada en el departamento de Ocotepeque. Fue uno de los oficiales suspendidos por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, para procesos de investigación.

Su nombre aparecía en el primer listado de agentes suspendidos de su cargo que se hizo público.

Juez dictó sobreseimiento definitivo a favor de Nájera

Debido a que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado no presentó pruebas contundentes que incriminaran al inspector de policía Rossel Armando Nájera Hernández, en la comisión de los delitos de secuestro y robo agravado en contra de dos testigos protegidos, el juez número 10 del Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa determinó dictar sobreseimiento definitivo a favor del encausado.

En el expediente número 39579-2010 se hace constar que en fecha 26 de noviembre de 2010 el Ministerio Público envió requerimiento contra Nájera Hernández, de 33 años, con identidad 0801-1977-01347, ya que se le suponía responsable de la comisión de los delitos de
secuestro y robo agravado.

En ese momento, Rossel Armando Nájera tenía el rango de inspector de Policía y estaba asignado al distrito policial 1-6 del barrio La Granja de Comayagüela.

En el escrito que presentó la Fiscalía en contra del oficial, igual que en contra de los policías Lisandro Adán Cruz Gudiel y Santos Armijo Padilla, se establece que el 24 de noviembre de 2010 los testigos protegidos fueron a almorzar a un negocio frente a la Fuerza Aérea Hondureña y uno de los testigos iba para el Banco de los Trabajadores a depositar dinero, por lo que los policías subieron a las víctimas a su mismo vehículo y los obligaron a ir a sacar 30 mil lempiras a la sucursal bancaria ubicada en el sector de Toncontín.

Además de eso dejaron abandonada cerca de una quebrada a otra persona antes de recoger el dinero que había retirado del banco el testigo protegido.

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