El vicepresidente argentino es un hombre con fama de rebelde, al que le gusta divertirse y tocar la guitarra. Pero, un escándalo le está desdibujando a Amado Boudou su imagen de político precoz, lleno de promesas.
Boudou, de 48 años, ha sido acusado de interceder para que un contrato de 55 millones de dólares para imprimir billetes fuese concedido a asociados secretos a través de una oscura compañía que fue usada para costear viajes de placer de amigos y familiares.
El vicepresidente sostiene que la prensa y la justicia inventaron el escándalo. “Hay un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no las tengo”, afirmó Boudou en un enérgico discurso ante el Senado en abril, la única ocasión en que se explayó en torno al tema.
Pero figuras de la oposición dicen que Boudou y el gobierno están tratando de encubrir el escándalo, con una actitud que refleja una cultura de impunidad.
Los fiscales dicen haber encontrado evidencia suficiente como para acusar de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y manejo de influencias a Boudou, su novia, su mejor amigo y un misterioso abogado que supuestamente usó por años como testaferro en negocios secretos.
Un juez investigador debe decidir ahora si le inicia un proceso que, de ser hallado culpable, podría impedirle volver a ejercer cargos públicos.
Algunos gobiernos latinoamericanos han tomado sonadas medidas contra la corrupción. Chile saca a licitación todo contrato de 150 dólares para arriba a través de un sistema transparente en línea.
La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, se desprendió de siete ministros sin siquiera esperar los resultados de investigaciones de malversación de fondos públicos. Boudou consiguió resultados inmediatos con su queja de que elementos corruptos de la justicia estaban filtrando información comprometedora: el fiscal y el juez investigador que intervenían quedaron afuera del caso, y el Procurador General Esteban Righi, venerado por su trabajo en el área de los derechos humanos, renunció bajo presión.
Es poco probable que Boudou sea sometido a juicio político ya que Fernández tiene amplia mayoría en el Congreso.
