TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comunidad de migrantes hondureños que se quedaron en Florida, Estados Unidos, hoy están a la expectativa de lo que pueda suceder con la entrada en vigencia de la Ley SB 1718, más conocida como la “Ley DeSantis”.
Esta norma establece que quien transporte a una persona indocumentada podría ser condenado a cinco años de prisión o pagar una multa de 5,000 dólares por cada indocumentado que lleve.
Asimismo, obliga a las empresas con al menos 25 empleados a verificar el estado migratorio de cada uno de ellos en la base de datos federal denominada E-Verify, y quienes incumplan serán sancionados.
También establece que cuando una persona con estatus de indocumentado en Estados Unidos llegue en busca de atención médica a los hospitales, obligatoriamente se le tendrá que preguntar su estatus legal en el país y reportarlo a la Policía.
Isaac Dubón, presidente de la Fundación D-19 Nueva Generación, declaró que esperan que la ley no sea demasiado restrictiva, pues hay congresistas que se han echado para atrás.
Indicó que una vez que entre en vigencia, como organizaciones, comenzarán a interponer recursos de amparo y demandas ante la Corte para que se detenga su aplicación.
Dijo que el viernes, antes del vigor, había mucha zozobra e incertidumbre entre la comunidad hondureña, debido a que no saben qué va a pasar con ellos a partir de este 1 de julio.
