Tegucigalpa, Honduras.-Los migrantes que permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden, en determinados casos, solicitar una fianza migratoria para continuar su proceso judicial fuera de un centro de detención.
La fianza permite la liberación temporal del extranjero mientras su caso continúa ante un tribunal de inmigración. Sin embargo, obtener este beneficio no significa que el proceso de deportación sea cancelado o suspendido.
Uno de los principales compromisos que adquiere el migrante al ser liberado es presentarse a todas las audiencias y cumplir con las órdenes emitidas por las autoridades migratorias.
Según la información difundida por Univision, ICE puede establecer inicialmente el monto de la fianza, aunque un juez de inmigración tiene la facultad de revisar esa cantidad y modificarla durante una audiencia.
La legislación federal establece que la fianza migratoria debe tener un monto mínimo de 1,500 dólares. No obstante, no existe una cantidad máxima fijada, por lo que el valor puede variar según las circunstancias de cada caso.
El migrante detenido puede solicitar una audiencia de fianza sin costo mediante una petición presentada ante el tribunal. En el escrito deben incluirse datos como el nombre del detenido, su número de caso, el monto fijado inicialmente y el lugar donde se encuentra recluido.
Durante la audiencia, el extranjero también puede presentar documentos para demostrar que cuenta con vínculos familiares, una residencia estable y antecedentes laborales, elementos que pueden ser considerados por el juez al momento de evaluar la solicitud.
¿Quiénes pueden quedar fuera del beneficio de la fianza?
No todas las personas detenidas por autoridades migratorias tienen derecho a solicitar o recibir una fianza. Existen determinadas condiciones legales que pueden impedir que un migrante sea liberado mientras continúa su proceso ante la corte.
De acuerdo con las disposiciones de ICE, las personas con ciertas condenas relacionadas con drogas, robos u otros delitos pueden quedar excluidas de este beneficio. La existencia de antecedentes penales puede ser un factor determinante al momento de analizar la posibilidad de una liberación bajo fianza.
Asimismo, los migrantes que tienen una orden previa de deportación pueden enfrentar restricciones para acceder a este mecanismo, dependiendo de su situación migratoria y de las circunstancias de su detención.
La fianza también requiere la participación de una persona que asuma la responsabilidad económica del proceso. Este fiador debe demostrar que mantiene un estatus migratorio legal y proporcionar documentación que respalde su identidad y domicilio.
Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentra una carta que explique la relación entre el patrocinador y el detenido, además de comprobantes de residencia, como recibos de servicios públicos.
