Tegucigalpa, Honduras.-Cientos de empleados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fueron reasignados para participar en la revisión de registros electorales, como parte de una estrategia del gobierno federal para identificar a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que podrían estar inscritas para votar o haber participado en elecciones federales.
Los trabajadores pertenecen a la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS), una unidad que habitualmente se encarga de revisar solicitudes migratorias, detectar información falsa y analizar posibles riesgos para la seguridad nacional.
Según tres exfuncionarios citados por The Washington Post, la nueva tarea ha desplazado buena parte de las labores habituales de esa unidad, incluida la revisión de expedientes relacionados con trámites migratorios.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, confirmó a New York Post que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está coordinando con los estados la obtención de registros electorales para compararlos con las bases de datos federales.
El objetivo es identificar posibles casos de personas que no cuentan con ciudadanía estadounidense y que podrían estar registradas para votar o haber emitido un sufragio ilegalmente en una elección federal.
Registros electorales entran al radar de Seguridad Nacional
La revisión forma parte de una política más amplia impulsada por la administración de Donald Trump para utilizar información estatal y federal en la identificación de posibles irregularidades relacionadas con la ciudadanía y el voto.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, distintas dependencias federales han intensificado la búsqueda de registros electorales y el desarrollo de bases de datos que permitan comparar la información de los votantes con los registros federales de ciudadanía.
El gobierno federal también ha emprendido acciones legales contra al menos 30 estados y el Distrito de Columbia con el objetivo de obtener información detallada de sus padrones electorales.
En mayo, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia determinó que la División de Derechos Civiles puede solicitar registros estatales de votantes y compartirlos con el DHS. La opinión jurídica concluyó que la legislación federal permite solicitar estos datos para investigar posibles casos de fraude electoral.
