Tegucigalpa, Honduras.- El denominado caso “El Tamalazo”, que generó polémica por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la administración de Xiomara Castro, avanzó a una nueva etapa luego de que el Ministerio Público admitiera la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Nelson Castañeda, representante de la ASJ, confirmó que el Ministerio Público ya desarrolla actuaciones relacionadas con la denuncia y que diferentes personas vinculadas con los proyectos fueron llamadas para rendir declaración.
Castañeda explicó que la organización presentó el caso después de identificar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y destacó que ahora le corresponde al Ministerio Público determinar, mediante la investigación, si existieron responsabilidades penales.
La investigación también alcanza a la organización Jóvenes Metas, señalada por su participación en la ejecución de recursos públicos relacionados con programas impulsados desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Compra de nacatamales generó sospechas
El caso se hizo público a inicios de 2026, cuando la ASJ presentó cuestionamientos sobre la contratación y adquisición de miles de nacatamales mediante fondos estatales.
Según los señalamientos de la organización, uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación corresponde al precio pagado por cada nacatamal, debido a que la denuncia sostiene que habrían sido adquiridos a un costo aproximado de 80 lempiras por unidad y que existiría una posible sobrevaloración cercana a 50 lempiras por cada uno.
Además, se cuestionó la capacidad operativa de Jóvenes Metas para cumplir con los compromisos establecidos y la manera en que se habrían desembolsado los recursos vinculados con el convenio.
Entre los datos difundidos sobre el caso figura la elaboración y entrega de aproximadamente 45 mil nacatamales como parte de actividades sociales y celebraciones desarrolladas durante la pasada administración.
Con la admisión de la denuncia y el inicio de las citaciones, el caso pasa de los señalamientos públicos a una investigación formal del Ministerio Público, que deberá determinar si las supuestas irregularidades alrededor del llamado “Tamalazo” constituyen delitos y quiénes podrían tener responsabilidades penales.
