Tegucigalpa, Honduras.- La difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión física de una estudiante contra otra dentro de un centro educativo de la capital generó la intervención de las autoridades y reavivó la preocupación por la violencia en los centros escolares.
Tras conocerse el caso, las fuerzas de seguridad iniciaron actuaciones de oficio, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Ante la difusión del caso, autoridades de la Comisión de Educación del Congreso Nacional anunciaron que convocarán de urgencia a los titulares de las secretarías de Educación y Seguridad a una mesa de trabajo para analizar medidas de prevención y atención de la violencia en los centros educativos.
"Tengo la obligación de convocar de urgencia al ministro de Seguridad y a la ministra de Educación para atacar este problema de inmediato", declaró el diputado Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.
"No podemos dormirnos, se trata de la educación de nuestros niños. Hay que actuar con anticipación para mostrar ejemplos claros de que queremos rescatar los centros educativos", agregó.
El diputado advirtió que los riesgos en los centros educativos no se limitan a las riñas entre estudiantes.
Señaló que también existen amenazas de mayor gravedad, como la extorsión, la trata de personas y el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales, situaciones que, según afirmó, han provocado el cierre o traslado de centros escolares.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), por su parte, confirmó el despliegue de unidades especializadas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades legales. La institución informó que las diligencias se realizan en coordinación con la Fiscalía de la Niñez.
"Una vez que el hecho fue público en redes sociales, la Policía Nacional actuó de oficio. Enviamos dos equipos de la Unidad de Delitos Especiales en coordinación con la Fiscalía de la Niñez para verificar in situ lo sucedido", explicó Rolando Ponce, director de la DPI.
Se informó que las autoridades monitorean el estado de salud de la niña agredida, quien permanece hospitalizada. Además, evalúan la conducta grupal que llevó a otros jóvenes a filmar la agresión en lugar de intervenir o alertar a los docentes.
El jefe policial remarcó que, si bien los menores están sujetos a un régimen especial de responsabilidad penal, amparado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el caso no quedará impune y se aplicará el procedimiento legal correspondiente por las infracciones tipificadas.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades educativas para reforzar la supervisión en los centros escolares y a los padres de familia para dar seguimiento al entorno emocional de los alumnos.
