Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo en el que se solicita restituir a Mildred Meléndez como representante de sociedad civil ante el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
El recurso, presentado por Jorge Jiménez, presidente de la Organización No Gubernamental Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), y Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), fue interpuesto a favor de Meléndez, quien fue elegida el 25 de julio de 2023 como representante comisionada ante el mecanismo.
Los representantes de derechos humanos sostienen que, tras el periodo de elecciones en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, las autoridades no emitieron el acuerdo correspondiente ni efectuaron la juramentación necesaria para formalizar su incorporación como comisionada.
"Luego de 3 años se admitió este recurso porque considera que existen suficientes causales para revisar que se vulneró una decisión de esta asamblea de sociedad civil, donde elegían a la abogada Mildred Meléndez como comisionada", aseguró el representante de Joprodeh.
Sala admite el recurso, pero no suspende el acto reclamado
Pese a que la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo administrativo, determinó que no procede suspender el acto reclamado, ya que no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicar la medida.
La admisión del recurso permite que continúe el trámite judicial, mientras las autoridades correspondientes deben remitir la documentación relacionada con el caso para que la Sala examine los antecedentes.
El tribunal también aclaró que el envío de esos documentos no impide que la autoridad recurrida continúe conociendo el asunto. Sin embargo, la orden deberá dejar un extracto de las actuaciones principales.
Los funcionarios mencionados en el recurso de amparo son Tomás Vaquero Morris, exministro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Celso Alvarado, antiguo secretario de esa institución, vinculados con la negativa de emitir el acuerdo y realizar la juramentación de Meléndez Mejía como comisionada de Conaprev.
