Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la medida cautelar solicitada por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, y ordenó al Ministerio Público (MP) la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la interposición de un requerimiento fiscal sin haberse agotado previamente el procedimiento completo de un juicio político, según lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional.
La resolución se fundamenta en los numerales 1 y 2 del artículo 59 de esa normativa, los cuales facultan a la Sala para adoptar medidas cautelares cuando exista riesgo de afectación a la institucionalidad o al orden constitucional.
De acuerdo con la parte dispositiva, la Sala precisó que solo en el caso de que se haya determinado responsabilidad mediante un juicio político y se haya procedido a la destitución de la recurrente, podría habilitarse la presentación de un requerimiento fiscal en su contra.
Como parte de los efectos legales de la resolución, la Sala ordenó que se comunique al Ministerio Público lo resuelto dentro de 24 horas siguientes, para que desista de manera temporal de realizar investigaciones que puedan impedir el eficaz funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La medida se relaciona directamente con el reciente proceso electoral y con la posible interposición de un requerimiento fiscal, la cual deberá quedar en suspenso mientras la Sala resuelve la acción constitucional en el fondo o emite una nueva orden conforme a derecho.
La decisión busca preservar la estabilidad institucional y el normal desarrollo de las funciones del órgano electoral, en tanto se analiza el mérito de la acción constitucional planteada.
En declaraciones brindadas a un noticiero televisivo Hoy Mismo, el abogado Gustavo Solórzano, representante legal de la consejera del CNE, Ana Paola Hall García, explicó que el amparo fue interpuesto ante la Sala al considerar que su representada ha sido objeto de acciones investigativas relacionadas directamente con el ejercicio de su cargo, sin que antes se haya seguido el procedimiento constitucional correspondiente.
Señaló que desde el 11 de septiembre de 2025 las consejeras del CNE, en particular Ana Paola Hall, han sido objeto de lo que calificó como un “acoso institucional”, mediante diligencias investigativas que han interrumpido el normal funcionamiento del órgano electoral.
“El planteamiento no es que no puedan ser investigadas, sino que, tratándose de funcionarios nombrados por el Congreso Nacional, primero debe agotarse el juicio político, tal como lo establece la Constitución de la República”, explicó Solórzano.
Indicó que la Sala de lo Constitucional ordenó la suspensión de todas las diligencias investigativas y que no puede emitirse requerimiento fiscal contra su representada mientras no exista un juicio político en el Congreso Nacional que deduzca responsabilidad, conforme a los artículos 234 y 274 de la Constitución.
Solórzano aclaró que el amparo no impide de forma definitiva futuras acciones penales, sino que establece el orden constitucional que debe seguirse para este tipo de cargos, al tratarse de funciones vinculadas al derecho político y a la función electoral, que no están subordinadas a otros poderes del Estado.
Asimismo, señaló que la resolución ya fue comunicada al Ministerio Público, por lo que no puede ejercerse ninguna acción investigativa contra Ana Paola Hall por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, mientras no se resuelva el fondo del recurso.
Consideró que el fallo sienta un precedente institucional positivo, no solo para su representada, sino para quienes ocupen cargos similares en el futuro, al reafirmar la necesidad de respetar el debido proceso constitucional.
