Tegucigalpa, Honduras.- El juicio político no será llevado al pleno del Congreso Nacional de Honduras sin que antes exista certeza matemática y política de su aprobación.
Así lo dejó claro este viernes el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, quien aseguró que el tema ha cobrado fuerza en los pasillos parlamentarios, pero su trámite dependerá estrictamente de que se garanticen los 86 votos que exige la Constitución.
El titular del Congreso también adelantó que en paralelo se trabaja en la derogación de decretos aprobados en la legislatura anterior, entre ellos el denominado “pacto de impunidad” y otras normativas que no reunieron las condiciones legales para su aprobación.
“Yo diría que nos puede llevar un par de días más, pero la voluntad está en el Congreso derogar el pacto de impunidad en los próximos días y estamos revisando también otros decretos que hay que derogar, porque la mayoría de ellos no reunió las condiciones legales de aprobación de un decreto”, expresó Zambrano.
Entre los decretos mencionados señaló uno aprobado por la comisión permanente que, a su juicio, buscaba “casi anular la elección”, así como la necesidad de regularizar actuaciones relacionadas con la Cooperación Andina de Fomento (CAF), tema que requiere revisión jurídica.
Votos segurosConsultado sobre si el juicio político ya sería sometido formalmente a discusión, Zambrano fue enfático en que todavía no se ha presentado oficialmente la iniciativa con los requisitos establecidos en la ley.
“Aún oficialmente con los requisitos no ha llegado la presentación de juicio político, ya está sonando fuerte el tema juicio político, ya no solo es en los pasillos del Congreso y hay posturas de varios diputados. Pero se ocupan 86 votos. Yo no voy a someter a votación algo si no está la certeza que existen 86 votos”, remarcó el presidente del Legislativo.
El congresista explicó que la cautela responde a una disposición constitucional, si el pleno rechaza la admisión del juicio político, el tema no podría volver a discutirse en la misma legislatura, lo que cerraría la puerta a cualquier nueva iniciativa hasta el próximo año.
“Esto no es tema de apasionamiento, no es tema de emotividad ni de revanchismo; es hacer las cosas pegadas a la ley, a los procedimientos y a la misma Constitución y la ley de juicio político”, subrayó Zambrano al insistir en que el proceso debe conducirse con rigor jurídico.
En fechas recientes, distintas bancadas han fijado postura sobre la posibilidad de activar esta figura, aprobada en la en 2013, pero que hasta la fecha nunca ha sido aplicada en Honduras.
El debate ha resurgido tras señalamientos sobre actuaciones de altos funcionarios durante el pasado proceso electoral, lo que ha elevado la tensión entre fuerzas políticas.
Zambrano recordó que el procedimiento contempla primero la admisión con 86 votos, lo que implicaría la suspensión inmediata del funcionario señalado.
Posteriormente, se nombra una comisión especial que investiga y presenta un informe al pleno, el cual se vota con mayoría calificada para determinar si procede la destitución definitiva o si el expediente debe remitirse al Ministerio Público.
“Si algún alto funcionario electo por el Congreso actuó por motivaciones políticas o ideológicas, o quiera seguir actuando así, lo que le va a tocar es la aplicación del juicio político, cuando se admite lo suspende del cargo, después se nombra la comisión especial y el informe determina si hay causal para destituirlo definitivamente”, detalló el titular del Congreso.
El juicio político estaría dirigido contra aquellos funcionarios que, a criterio de los proponentes, se entrometieron en el proceso electoral anterior.
En esa lista figuran el fiscal general, Johel Zelaya; el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa; y Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aunque no se descarta que la nómina pueda ampliarse conforme avancen las evaluaciones políticas y jurídicas en el hemiciclo.
