Tegucigalpa, Honduras.- La reciente deportación de tres menores hondureños nacidos en Estados Unidos junto a sus madres ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la niñez, en demanda de una respuesta articulada para garantizar su protección integral ya que se enfrentan a una realidad incierta.
Según ha trascendido, los niños con ciudadanía estadounidense fueron retornados a Honduras, junto con sus madres, después de que agentes migratorios de EE.UU. determinaran que no podían permanecer en ese país.
Uno de estos menores padece cáncer, lo que ha generado gran preocupación e indignación por la interrupción de su tratamiento médico.
Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), considera que este tipo de situaciones son una consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias del actual gobierno estadounidense, que ha aumentado la vulnerabilidad de poblaciones migrantes, incluyendo niños nacidos en territorio norteamericano.
“Estas nuevas políticas están teniendo consecuencias nefastas para países como el nuestro, donde muchas familias migrantes se ven forzadas a regresar. El Estado de Honduras debe activar todas sus instituciones para proteger a los menores, sobre todo cuando se ha vulnerado su derecho a la salud, a la educación y a vivir con dignidad”, expresó Vásquez.
En ese sentido, el director de Coiproden llamó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), al Instituto Nacional de Migración y a la Cancillería a coordinar esfuerzos para dar seguimiento a cada caso, ya que el retorno no solo implica una adaptación forzada, sino también una responsabilidad estatal de garantizar condiciones adecuadas para los menores, indistintamente de su nacionalidad o estatus migratorio.
“En estos casos debe intervenir la institucionalidad. La Senaf tiene la responsabilidad de investigar qué está ocurriendo, cuáles son sus competencias y, sobre todo, asegurar que las familias puedan ofrecer el entorno de protección que cada niño necesita”, dijo Vásquez.
Asimismo, mencionó que la embajada de Estados Unidos debería involucrarse, dado que los menores son ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, el gobierno hondureño ha informado que dará seguimiento cercano a los casos y que está en comunicación con las instancias correspondientes para vigilar el cumplimiento de los derechos de los menores afectados. En el caso del niño diagnosticado con cáncer, se buscará garantizar el acceso a los servicios médicos necesarios.
Además, se conoció que el próximo 16 de mayo se llevará a cabo una audiencia en Estados Unidos relacionada con estos casos, en la que se espera que las autoridades norteamericanas expliquen los motivos de la deportación y se evalúe si existe posibilidad de retorno para los menores o alguna medida de protección internacional.
Este episodio refleja los desafíos humanitarios que enfrentan las familias migrantes, especialmente cuando sus hijos tienen vínculos legales con Estados Unidos, pero se ven obligados a vivir en contextos para los cuales no estaban preparados.
Para organizaciones como Coiproden, lo más urgente es que el país no dé la espalda a su niñez retornada y que se activen todos los mecanismos disponibles de atención, protección y reintegración.
