Tegucigalpa, Honduras.-Tres niños con nacionalidad estadounidense fueron deportados a Honduras junto a sus madres, reportaron medios de Estados Unidos que citaron a abogados de las familias y a organizaciones promigrantes.
Dos hermanos, uno de 4 y otra de 7 años, fueron retornados al país acompañados de su progenitora el viernes 25 de abril, mientras que una niña de 2 años también fue deportada junto a su mamá el mismo día, de quien se presume no tenía estatus migratorio.
Según los abogados de las familias, las madres no recibieron la opción de dejar a sus hijos en su país de origen antes de ser deportadas, indica un artículo de The New York Times.
El caso de la niña de 2 años, cuyo hermano de 11 años también fue deportado, es objeto de discusión en los tribunales.
Un juez federal de Luisiana expresó su preocupación por la decisión de deportar a la menor, ya que el padre de la niña, quien permanece en Estados Unidos, no había dado su consentimiento para su deportación.
Sin embargo, Tom Homan, funcionario de alto rango de la frontera en la administración de Trump, defendió la deportación, asegurando que las madres decidieron salir del país con sus hijos.
Las familias detenidas residían en Luisiana y se encontraban bajo el Programa de Supervisión Intensiva, el cual permite a los inmigrantes en proceso de regularización permanecer en el país bajo ciertas condiciones.
Los abogados informaron que el niño de 4 años padece un cáncer avanzado y que, durante el tiempo que estuvo detenido, no pudo acceder a su medicación ni a los cuidados médicos necesarios.
Casos dados durante las políticas migratorias de la administración Trump, donde se intensifican las deportaciones y redadas en todo el país.
La semana pasada, casi 800 inmigrantes fueron arrestados en un operativo llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y autoridades locales en Florida.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han señalado que en estos casos se habrían visto afectadas las garantías procesales de los involucrados.
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, quien representa a la niña de 2 años, expresó su indignación: "Lo que ocurrió con el ICE fue horrible y completamente injustificable. Estas familias fueron detenidas y deportadas sin ningún tipo de proceso adecuado".
Por su parte, Tom Homan, quien fue el principal responsable de la política de inmigración en la administración Trump, sostuvo que no hubo irregularidades y que las madres tuvieron la opción de ser deportadas con sus hijos o dejarlos en Estados Unidos.
En declaraciones para CBS, Homan afirmó: "No hay irregularidades en la forma en que se manejó este caso. Las madres decidieron llevarse a sus hijos, y fue una decisión completamente suya".
Las familias de madres hondureñas fueron detenidas durante controles rutinarios del ICE.
La niña de 2 años y su mamá fueron arrestadas el 22 de abril, mientras que la otra familia, con los niños de 4 y 7 años, fue detenida el 25 de abril.
Según los abogados de ambas familias, las madres no pudieron contactar a sus abogados ni a otros familiares durante el tiempo que estuvieron detenidas.
Después de su detención, las familias fueron trasladadas a un centro de detención cercano a Nueva Orleans, desde donde, en un periodo de 24 horas, fueron deportadas a Honduras.
Los abogados informaron que no pudieron hacer nada para evitar la deportación, ya que no tuvieron acceso a las personas detenidas.
La abogada Erin Hebert, quien representa a la familia con los niños de 4 y 7 años, explicó: "Mis clientes fueron detenidos rápidamente, sin que tuviéramos oportunidad de hablar con ellos. Nos enteramos de su deportación cuando ya estaban a punto de abordar el avión hacia Honduras. Fue un proceso muy rápido y sin ninguna posibilidad de intervención".
El juez Terry A. Doughty, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Luisiana, emitió una orden en la que pidió explicaciones sobre la deportación de la niña de 2 años, identificada en los documentos judiciales como V.M.L.
El togado norteamericano expresó que tenía dudas sobre si la deportación de un ciudadano estadounidense se había realizado de manera adecuada, y programó una audiencia para el 16 de mayo.
"Tengo fuertes sospechas de que el gobierno ha deportado a un ciudadano estadounidense sin seguir el debido proceso", señaló el juez Doughty en su orden judicial.
El gobierno de Estados Unidos sigue defendiendo las deportaciones, señalando que los padres indocumentados que son detenidos tienen la opción de decidir si se llevan a sus hijos o no.
Tom Homan, en su defensa, afirmó que las leyes migratorias son claras y que quienes están en el país ilegalmente deben ser deportados, sin importar la situación de sus hijos.
Homan indicó que "la ley es clara. Si alguien está en este país ilegalmente, debe ser deportado. Si esa persona tiene hijos, puede elegir si se los lleva o no. No hay excepciones".
Los abogados de las familias explicaron que las madres querían que sus hijos permanecieran en Estados Unidos.
En el caso del niño de 4 años, que recibía tratamiento para un cáncer raro, la abogada Gracie Willis destacó que la madre había buscado que su hijo siguiera recibiendo atención médica en Estados Unidos.
En el caso de la niña de 2 años, su madre también estaba embarazada, lo que complicaba aún más la situación.
"Ambas madres querían que sus hijos se quedaran en Estados Unidos, donde recibían atención médica y tenían el apoyo de su familia. Es importante que no se pase por alto la situación de salud de estos niños", dijo Willis.
Por otro lado, las defensoras de los derechos humanos sostienen que las decisiones tomadas por las autoridades migratorias afectan a los menores y a las familias, y que se deben considerar aspectos como la salud de los niños y el contexto familiar al tomar decisiones de deportación.
Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana, expresó: "Estas son familias vulnerables, con niños que necesitan atención médica y con madres que no tienen las mismas oportunidades en su país de origen. Si el ICE puede hacerle esto a estas familias, significa que no hay garantías para ninguna persona en el país".
El gobierno de Honduras, ante la preocupación y las consecuencias que estos hechos podrían tener sobre la menor, también intervino para garantizar su protección.
La presidenta Xiomara Castro ordenó que no se procediera con la deportación de la niña de 2 años, reconociendo que su bienestar debía ser la prioridad, y subrayó la importancia de garantizar los derechos de los niños, en especial en situaciones tan vulnerables.
"Hemos pedido que se respete el derecho a la infancia y que se den las condiciones necesarias para que la menor esté segura en Honduras", afirmó la mandataria.
Aunque aún no se conoce si la gestión de Castro abrirá diálogos con la administración Trump para frenar las deportaciones de niños nacidos en Estados Unidos con padres sin estatus migratorio.
