Las instituciones democráticas de la región se verán fortalecidas si los gobiernos y demás actores se ponen de acuerdo para prohibir a particulares el uso de armas de fuego, según una de las conclusiones de un foro que se desarrolló ayer previo a la instalación de la cumbre de mandatarios del Sistema de Integración Centroamerica (Sica).
En el encuentro se debatió sobre la necesidad de desarmar a la población civil, sin privilegios de ningún tipo, como una forma de reducir la alta ola delictiva que se ha agudizado con la presencia casi sin control del crimen organizado.
Expertos sobre el tema se sorprendieron cuando una de las participantes les informó que en Honduras cada persona, que no forma parte de la Policía ni de las Fuerzas Armadas, tiene derecho a portar cinco armas de fuego legalmente.
Este nivel de tolerancia del Estado debe desaparecer si es que realmente hay interés en reducir la violencia.
En el foro, denominado “Fortalecimiento de las instituciones democráticas”, expusieron Carmen Rosa Villa, representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Francisco Dall Anese, comisionado internacional de la Comisión contra la impunidad de Guatemala.
Como panelistas participaron el analista y miembro de la Comisión de la Seguridad Pública, Matías Funes; Leo Valladares, excomisionado nacional de los Derechos Humanos y Mary Flake Flores, embajadora de Honduras en las Naciones Unidas.
La representante de la ONU en materia de derechos humanos destacó que “para afrontar la violencia e inseguridad que afectan a Centroamérica, se necesitan instituciones democráticas fortalecidas, capaces de garantizar a sus ciudadanos el ejercicio y goce de sus derechos humanos”.
“El crimen organizado”, dijo Villa, “con sus acciones violentas, y sus métodos brutales, amenaza la vida y la pacífica convivencia de las personas, inyectando en el tejido social un veneno que es potencialmente letal y que socava las bases mismas del Estado democrático y de derecho. Así, las redes criminales amenazan y debilitan a las instituciones y se infiltran en la administración pública en todos sus ámbitos”. Los gobiernos tener voluntad política para frenar esta ola delictiva.
También analizó el tema de la corrupción. Este es “un problema objetivamente grave y hacerle frente es urgente. Aunque hay sectores que consideran que la corrupción no forma parte del problema de la inseguridad, lo cierto es que sí lo hace, sobre todo cuando el crimen organizado, a través de prácticas corruptas, penetra e infiltra las instituciones del Estado para el logro de sus fines ilícitos”.
Dijo estar muy preocupada por la vulnerabilidad de algunos grupos ante la ola delictiva entre ellos los periodistas, las mujeres y los grupos lésbicos.
Los operadores de justicia, ante su incapacidad de frenar la ola delictiva, están creando ante la población un ambiente de “escepticismo, desconfianza, incredulidad y falta de esperanza”.
La funcionaria de la ONU se pronunció en contra de que el Estado aplique “mano dura” para combatir la delincuencia. Es necesario que los gobiernos se interesen por aplicar políticas preventivas de los factores de riesgo de la violencia “atacando las raíces del problema como son la falta de educación y empleo”.
El Estado debe recuperar su rol social en manos de los capos. En su enfoque sobre el Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Impunidad, Francisco Dall Anese, comisionado internacional de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala y exfiscal general de Costa Rica, dijo que el Estado tiene que recuperar su rol social que ahora está en manos del crimen organizado.
“Históricamente ha habido una irresponsabilidad de los estados de no preocuparse por igualdad de oportunidades y por una adecuada distribución de la riqueza. Los gobiernos podían actuar irresponsablemente porque no tenían un competidor al frente. Pero hoy sí tenemos un competidor al frente y es el crimen organizado”, destacó el exfiscal de Costa Rica.
“En esos espacios sociales”, agregó, “donde el Estado no brinda servicios, no resuelve
los problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, viene el crimen organizado y le da a los ciudadanos todo lo que necesita. Esos grupos sociales terminan dando legitimidad a quienes les trajeron esperanza y comida”.
“Esto ha transformado la desconfianza que ya existía en los ciudadanos por una legitimación al crimen organizado y a los capos que están cumpliendo lo que el Estado no le da a sus ciudadanos”. A juicio del experto internacional, “el Estado tiene que ganar, tiene que restablecer la seguridad.
Tiene que seguir siendo un estado de derecho porque si sus ciudadanos tienen que sacrificar su libertad para que el gobierno pueda hacer las cosas, el estado de derecho se murió”.
Los panelisas Matías Funes y Leo Valladares, por su parte, coincidieron en la necesidad de que se deben hacer esfuerzos conjuntos para que las instituciones vulnerables al crimen organizado recobren la confianza de la ciudadanía.
