El artículo 75 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2012 prohíbe realizar mejoras en edificios que no sean propiedad del Estado, salvo que las mismas no excedan de cien mil lempiras anuales en su totalidad.
Esta medida es para evitar que los altos funcionarios realicen enormes gastos en edificaciones, cuyos dueños son los obligados a darle el respectivo mantenimiento, dijo el diputado Francisco Rivera, miembro de la comisión legislativa de presupuesto.
Estudios realizados por agencias no gubernamentales de monitoreo indican que el Estado de Honduras gasta un promedio anual de 50 millones de lempiras en alquiler de edificios.
Solo en ocho instituciones consultadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Estado eroga más de dos millones de dólares anuales, unos 38 millones de lempiras, indica ese documento.
La ASJ razona que 'en lugar de rentar edificios y casas a costos onerosos para el funcionamiento de las entidades estatales ¿por qué no comprar, construir o remodelar las viejas instalaciones propias?
El dinero que el Estado invierte en rentar edificios, podría ocuparse en la compra de locales propios o mejoras a los ya existentes y que se están deteriorando con el paso del tiempo', cita el informe de ASJ.
La investigación tomó como muestra a ocho de las más de 50 dependencias del Estado.
En su hallazgo determina que por el alquiler de edificios donde funcionan algunas de estas oficinas, el Estado paga precios por alquiler por sobre el valor del mercado.
Para otras dependencias, se realizan alquileres a familias ligadas al poder y se dejan a un lado, en cambio, edificios que podrían reconstruirse y que se caen a pedazos.
La Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible son algunas de las entidades que se exceden en el pago de alquiler, cita el documento.
El informe divulgado en Internet cobra actualidad por cuanto el Congreso Nacional, en las disposiciones generales del presupuesto 2012, aprobó un artículo que prohíbe a los funcionarios realizar remodelaciones de edificios que no son propiedad del Estado.
En años anteriores, el gobierno ha ordenado se regule el alquiler de edificios para oficinas del Estado en base a factores y montos establecidos en el mercado, pero dicha disposición no se ha respetado.
En otros casos, algunos funcionarios han recurrido a regalías de sectores interesados para remodelar oficinas, lo que es cuestionable desde el punto de vista moral.
