Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) regulará la actuación de los jueces de ejecución en los procesos de desalojo de tierras invadidas, tras la promulgación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, confirmó que el tema forma parte de los asuntos pendientes que ese Poder del Estado debe abordar en el ámbito nacional, y adelantó que la institución ya ha emitido recomendaciones a los jueces para que actúen con especial responsabilidad al resolver este tipo de casos.
"Un tema pendiente en la vía nacional es el tema de los desalojos; el Congreso Nacional aprobó una ley en donde se refiere de manera muy concreta al tema de los desalojos", apuntó.
El funcionario sostuvo que los conflictos relacionados con la tierra requieren una respuesta integral del Estado, debido a su impacto y complejidad, por lo que instó a que las resoluciones judiciales privilegien el análisis de las pruebas y eviten escenarios de confrontación.
"Nosotros hemos dicho y recomendado a los jueces que tengan la mayor influencia posible; el problema de las tierras en Honduras es fuerte y es un asunto que tiene que resolverse bajo la participación directa del Estado en su conjunto porque es un tema de interés nacional", explicó.
Medidas y casos
Enfatizó que, antes de ordenar un desalojo, los jueces deben valorar de manera exhaustiva los elementos probatorios y considerar las consecuencias que una resolución podría generar para las partes involucradas.
"Cuando se emite un desalojo, el juez tiene que ser muy responsable en el sentido de valorar toda la prueba que se le presenta, ver que no hay una confrontación inútil, y que no haya agresiones o desalojos de carácter violento porque al final eso va en contra de los derechos humanos y va en contra de todo el Estado de Honduras, que debe proteger la dignidad humana de las personas", recalcó.
Asimismo, señaló que la función judicial no debe limitarse a emitir resoluciones, sino también a procurar mecanismos que permitan resolver los conflictos de forma pacífica cuando existan las condiciones para ello.
Ley busca proteger al sector agroindustrial
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aprobada por el Congreso Nacional el 8 de junio, la normativa tiene como objetivo proteger la inversión productiva, salvaguardar las fuentes de empleo y garantizar el libre tránsito de bienes esenciales de la canasta básica en todo el territorio nacional.
La iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Poder Legislativo, tras evaluar el impacto económico del sector agroindustrial.
La aplicación de la normativa involucra al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones del Estado contempladas para su cumplimiento.
Con la entrada en vigor de esta ley, el Poder Judicial deberá definir los criterios bajo los cuales los jueces atenderán las solicitudes de desalojo, en un contexto marcado por los conflictos de tierras y por el llamado de la CSJ a priorizar la valoración de las pruebas, la conciliación y la protección de los derechos humanos antes de emitir una resolución judicial.
