Tegucigalpa, Honduras.- La Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial entró oficialmente en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, con un nuevo marco jurídico que declara de interés la protección de las tierras productivas, las inversiones agroindustriales, los proyectos de energía, turismo y ganadería, además de establecer medidas para enfrentar las invasiones.
La normativa, aprobada previamente por el Congreso Nacional, está integrada por 10 artículos y declara inafectables las tierras y mejoras destinadas a la producción agroindustrial, ganadera, energética y turística cuya propiedad esté legalmente inscrita.
La protección también alcanza a predios que hayan sido objeto de invasiones, bloqueos logísticos o paralizaciones forzosas, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y el derecho constitucional a la propiedad privada.
Asimismo, la ley establece que cualquier persona que reclame derechos de propiedad o posesión sobre estos terrenos deberá hacerlo únicamente por la vía judicial, al tiempo que dispone que "en ningún caso se justificará la ocupación, invasión o usurpación de tierras destinadas a la producción agroindustrial".
Además, ordena a las autoridades garantizar el libre tránsito de productos perecederos, insumos, maquinaria, combustibles y personal esencial, incluso durante manifestaciones o tomas de carreteras, mediante la habilitación de corredores logísticos y el despeje inmediato de rutas estratégicas.
La legislación también otorga tramitación preferente a los proyectos agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos, reduciendo a la mitad los plazos administrativos para permisos y autorizaciones que no impliquen riesgos ambientales o sanitarios.
Asimismo, prohíbe que instituciones públicas o municipalidades emitan disposiciones que obstaculicen actividades que ya cuenten con licencias de operación y ambientales vigentes, advirtiendo que cualquier acto contrario será considerado nulo de pleno derecho.
No obstante, la norma establece que sus disposiciones deberán aplicarse respetando los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En ese sentido, aclara que no será aplicable en territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente se realice la Consulta Libre, Previa e Informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Honduras.
Con la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno busca fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones consideradas estratégicas para el país, proteger la producción nacional y reducir las afectaciones derivadas de invasiones, bloqueos y paralizaciones que impactan la actividad agroindustrial y el abastecimiento de alimentos.
