Tegucigalpa, Honduras. -La transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) abrirá un nuevo debate en el Congreso Nacional. Sobre la mesa estarán la Ley de Justicia Energética, presentada por la bancada del Partido Liberal, y el dictamen de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, impulsado por el Poder Ejecutivo.
Ambas propuestas buscan reorganizar una empresa marcada por las pérdidas y los problemas financieros, pero plantean caminos distintos para hacerlo.
El punto central de la discusión será qué ocurrirá con los bienes de la ENEE, quién asumirá sus obligaciones y bajo qué reglas funcionarán las nuevas empresas.
Aunque los dos proyectos plantean separar las actividades de generación, transmisión y distribución, las diferencias aparecen cuando se revisa quién tendrá la propiedad de los activos y cómo se financiará la transición.
El diagnóstico que comparten ambas iniciativas es el de una estatal que necesita una transformación.
El dictamen del Ejecutivo señala que las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE han rondado históricamente entre 30 % y 35 % de la energía generada, una situación que afecta sus ingresos y limita su capacidad de inversión.
Una ENEE dividida en tres áreas
Los dos proyectos proponen separar las principales actividades de la empresa estatal en generación, transmisión y distribución. La idea es que cada área opere mediante una estructura empresarial propia, con responsabilidades y resultados financieros diferenciados.
También coinciden en mantener a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) como autoridad reguladora y al Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como responsable de funciones relacionadas con la operación del sistema y el mercado eléctrico.
Hasta aquí, las propuestas tienen una estructura similar. La diferencia comienza cuando se pregunta: ¿quién será dueño de los bienes de la ENEE después de la reorganización?
La propiedad de los activos, el principal pulso
El proyecto del Ejecutivo plantea que, como parte de la escisión, los activos, pasivos, personal y contratos correspondientes a cada actividad sean transferidos a las nuevas empresas subsidiarias.
La propuesta liberal plantea otro mecanismo. Según la Ley de Justicia Energética, ENEE matriz conservaría la propiedad de los activos y las subsidiarias recibirían esos bienes para administrarlos, operarlos, mantenerlos y custodiarlos. El proyecto establece que esa asignación no constituye una transferencia de dominio.
En términos sencillos, la diferencia puede resumirse así: el Ejecutivo propone trasladar los activos a las empresas que asumirán cada actividad; los liberales quieren que la ENEE matriz siga siendo su propietaria y que las subsidiarias los operen.
Ese punto es relevante porque determina dónde queda el patrimonio de la empresa estatal después de la reorganización.
Liberales buscan blindar las acciones
La iniciativa liberal también plantea un blindaje sobre las nuevas subsidiarias.
ENEE matriz tendría el 100 % de las acciones y el proyecto establece restricciones para impedir que esa participación sea diluida mediante la emisión de nuevas acciones, obligaciones convertibles u otros instrumentos.
La propuesta también establece límites para la transferencia, venta, cesión o gravamen de esas acciones.
Esto no significa que el proyecto liberal elimine la participación privada en el sector eléctrico. La iniciativa mantiene la posibilidad de inversión privada y competencia bajo las reglas del mercado eléctrico.
La diferencia está en la propiedad de las empresas estatales y de sus activos estratégicos.
La deuda: el Estado asumiría la carga durante 10 años
Uno de los cambios de mayor impacto financiero aparece en la propuesta liberal.
El proyecto establece que, durante 10 años, el Estado asumirá el pago y servicio de la deuda financiera y otras obligaciones históricas de ENEE matriz, conforme a lo que determine la normativa aplicable.
La finalidad planteada es que las nuevas empresas puedan comenzar sus operaciones con una estructura financiera más saneada y concentrarse en mejorar su funcionamiento.
Pero la propuesta no se limita a trasladar la deuda al Estado. Durante esos 10 años, ENEE matriz deberá ejecutar un Programa de Recuperación Operativa y Financiera, con metas relacionadas con la reducción de pérdidas, recuperación de ingresos, eficiencia, flujo de caja y capacidad de inversión.
El desempeño deberá ser medido mediante indicadores y los resultados podrán hacerse públicos.
Exoneraciones del ISR
La contrapropuesta liberal agrega además una medida fiscal que no aparece en los mismos términos en el dictamen del Ejecutivo: una exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 10 años para la ENEE y las empresas que resulten directamente de su escisión.
El beneficio se aplicaría a las rentas, utilidades o ganancias derivadas directamente de las actividades del subsector eléctrico.
El proyecto establece, sin embargo, que la exoneración no alcanzará a contratistas, proveedores, consultores, concesionarios, operadores privados ni empresas vinculadas.
La propuesta busca que esos recursos permanezcan en las empresas para fortalecer su capitalización, liquidez, inversión y mantenimiento.
Las alcaldías también entran en la reforma
Otro cambio planteado por los liberales está relacionado con las deudas de las municipalidades.
La Ley de Justicia Energética propone condonar las obligaciones acumuladas de las corporaciones municipales con la ENEE por consumo de energía hasta la entrada en vigencia de la ley, incluidos saldos, intereses, recargos y multas.
La medida tendría una condición hacia adelante: el consumo corriente de las municipalidades se pagaría mediante débito automático de las transferencias que reciben de la Secretaría de Finanzas.
El objetivo es evitar que, después de una eventual condonación, las alcaldías vuelvan a acumular nuevas cuentas pendientes con la estatal.
Los contratos de largo plazo tendrían otro filtro
La propuesta liberal también busca modificar quién tiene la última palabra sobre determinados contratos energéticos.
Los contratos de suministro de energía, potencia, capacidad firme y otros relacionados con el sector eléctrico que tengan efectos económicos, financieros o jurídicos durante el siguiente período constitucional de gobierno requerirían aprobación previa del Congreso Nacional.
El objetivo es colocar un control legislativo sobre compromisos que puedan trascender a la administración que los suscriba.
El dictamen del Ejecutivo, por su parte, establece reglas para los contratos existentes y dispone la continuidad de determinados contratos de compra y capacidad con generadores privados hasta su vencimiento, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
La generación estatal también cambia
En el modelo liberal, los contratos iniciales de cobertura de energía y potencia podrán provenir de centrales de generación propiedad de ENEE matriz, aunque sean administradas y operadas por la subsidiaria de generación.
Estos contratos podrán tener una duración de hasta 10 años y deberán ser aprobados por la CREE, que determinará los precios con base en estudios técnicos de costos eficientes.
Las distribuidoras también deberán suscribir contratos iniciales de 10 años con ENEE Generación.
El proyecto del Ejecutivo contempla igualmente mecanismos para garantizar el suministro y regular los contratos de generación, pero dentro de una estructura en la que los activos correspondientes son transferidos a las subsidiarias.
Descartada la privatización
¿Habrá privatización? Esta es una de las preguntas que inevitablemente acompañará el debate.
Los documentos revisados no plantean una venta directa de la ENEE a empresas privadas. Ambas iniciativas mantienen la propiedad estatal y permiten la participación privada en el mercado eléctrico.
La diferencia está en los candados y en la estructura patrimonial.
La propuesta liberal busca que ENEE matriz mantenga los activos estratégicos y el 100 % de las acciones de las subsidiarias. El Ejecutivo plantea una escisión con transferencia de activos, pasivos, personal y contratos a las empresas correspondientes.
Por eso, reducir la discusión a “privatización contra estatización” dejaría fuera el verdadero contenido de las dos propuestas.
¿Qué pasará con el recibo de luz?
Para los consumidores, la reforma tampoco significa automáticamente que la factura eléctrica vaya a bajar.
Los dos proyectos buscan reducir pérdidas, mejorar la eficiencia, ordenar las finanzas y garantizar inversiones, pero el precio de la electricidad dependerá de los costos de generación, transmisión y distribución, de los contratos y de las decisiones de la CREE.
La propuesta liberal contempla además subsidios para determinados consumidores, incluidos usuarios residenciales de bajos ingresos y micro y pequeñas empresas, bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
Por ello, el efecto sobre el recibo será una consecuencia de cómo funcione el nuevo modelo y no una reducción automática derivada de la aprobación de la ley.
Por otro lado, las dos iniciativas contemplan la continuidad de los derechos laborales durante la transformación de la ENEE.
El dictamen del Ejecutivo establece disposiciones relacionadas con la continuidad de los trabajadores, la afiliación sindical, la contratación colectiva y los derechos previsionales.
La propuesta liberal también plantea mantener los derechos laborales y previsionales durante la reorganización.
Así, uno de los mayores cambios será institucional y patrimonial, no una eliminación automática de los derechos de los empleados.
El verdadero debate que llega al Congreso
La discusión que abrirá el Congreso no será simplemente si la ENEE debe dividirse. Las dos propuestas coinciden en que debe reorganizarse.
El debate estará en cómo se dividirá, quién conservará sus activos, quién pagará las obligaciones acumuladas y qué controles existirán sobre las decisiones de largo plazo.
El Ejecutivo plantea una escisión con transferencia de activos y demás elementos correspondientes a las nuevas subsidiarias.
Los liberales mantienen la separación empresarial, pero buscan que ENEE matriz conserve la propiedad de los activos estratégicos y el 100 % de las acciones, mientras agregan medidas como la asunción estatal de la deuda histórica durante 10 años, la exoneración del ISR, la condonación de deudas municipales y el control congresual sobre determinados contratos.
En el fondo, ambas propuestas buscan responder al mismo problema: una ENEE con pérdidas elevadas, dificultades financieras y necesidad de inversión.
La diferencia está en cómo cada iniciativa pretende repartir los costos y los riesgos de esa transformación.
Y esa será la discusión que tendrá que resolver el Congreso Nacional: qué modelo permitirá recuperar la capacidad financiera de la ENEE sin poner en riesgo el patrimonio estatal y, al mismo tiempo, garantizar un servicio eléctrico más eficiente y sostenible para los hondureños.
