Tegucigalpa, Honduras.- Analistas y diputados exhortaron a Luis Redondo a que se entregue voluntariamente a la justicia hondureña tras la orden de captura emitida en su contra.
Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones, según el requerimiento fiscal emitido el 15 de octubre; los señalamientos están relacionados con acciones cometidas durante la extinta comisión permanente del Congreso Nacional.
Ante la búsqueda internacional del exfuncionario, el abogado penalista Luis Romero explicó que las autoridades deben recurrir a los mecanismos legales correspondientes para que cualquier persona con una causa pendiente en Honduras comparezca ante los tribunales de justicia.
Romero sostuvo que las autoridades hondureñas deben gestionar los procedimientos legales correspondientes si la persona requerida se encuentra fuera del territorio nacional.
"En caso de encontrarse fuera del país, la vía legal es librar una orden de captura internacional y, si se tiene conocimiento del país en el cual se encuentra, solicitarle a través de la vía diplomática la extradición de este ciudadano para ser juzgado en la República de Honduras", explicó el abogado.
El penalista agregó que Honduras debe presentar la solicitud por la vía diplomática e incluir la calificación jurídica de los hechos y la norma aplicable al caso.
Estos procedimientos, según la explicación del abogado, forman parte de las gestiones necesarias para solicitar la entrega de una persona requerida por la justicia hondureña que se encuentre en otro país.
Acusan a Redondo de dilatar el proceso judicial
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, tildó de “cobarde” al expresidente del Congreso Nacional y afirmó que abandonó Honduras porque sabía que tendría que responder por sus actuaciones durante los últimos cuatro años.
“Ellos solo están buscando dilatar el proceso, porque saben perfectamente que cometieron ilegalidades, que violaron la ley y tienen miedo de enfrentar las consecuencias”, acotó.
Cálix pidió a las autoridades judiciales desestimar las acciones que considera dilatorias y avanzar hacia el juicio para establecer la responsabilidad individual de cada imputado.
El diputado también solicitó que el proceso se desarrolle con las garantías legales correspondientes y que una resolución imparcial determine quién cumplió o incumplió la ley.
"Como el cobarde que es, no se presenta, no da la cara, está desde España insultando a las autoridades acá, en lugar de venir aquí y enfrentar las consecuencias de sus acciones como hombre. Esos hacen los hombres; los cobardes huyen, los hombres enfrentan los problemas y no huyen de ellos", aseguró.
Las declaraciones del diputado se producen después de que la CSJ emitiera la orden de captura contra Redondo, quien enfrenta los señalamientos contenidos en el requerimiento fiscal relacionado con actuaciones durante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial, mientras los mecanismos de cooperación internacional podrían ser relevantes si se confirma que el exfuncionario se encuentra fuera de Honduras.
Tratados internacionales
El abogado penalista Raúl Suazo explicó que, ante la orden de captura contra Redondo, las autoridades españolas podrían intervenir conforme a los mecanismos establecidos entre ambos países.
"Lo pueden capturar, lo van a poner a la disposición de las autoridades de ellos y, en base al tratado de extradición entre Honduras y España, se podría determinar los criterios para que Luis Redondo esté en Honduras o sea juzgado en España", explicó.
Suazo también se refirió a la posible intervención de Interpol y a las actuaciones judiciales que podrían desarrollarse tras una captura.
"Interpol va a trabajar, lo va a capturar, lo van a llevar a un juzgado y lo van a tener ahí y entonces van a empezar a mirar si hay una orden de extradición", sostuvo.
El Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Honduras se firmó en Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999 y entró en vigor oficialmente el 24 de mayo de 2002, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España.
