Tegucigalpa, Honduras. – La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bajo revisión a funcionarios públicos que han interpuesto demandas contra el Estado de Honduras, informó su titular, Dagoberto Aspra.
El funcionario se refirió específicamente al caso del director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, quien actualmente sostiene un litigio contra el Estado.
No obstante, aclaró que el expediente aún no ha sido remitido formalmente a la PGR, ya que permanece en una etapa administrativa dentro de la institución demandada.
“El señor director de Aduanas se presentó a mi oficina casi al asumir su puesto; sin embargo, se le aconsejó que esperara la promulgación de la ley de reactivación económica para ceñirse a ese proceso. Existe un procedimiento mediante el cual puede conciliar su demanda y continuar desempeñando sus funciones en el Estado”, detalló.
Aspra precisó que, en este tipo de casos, el trámite debe iniciar en la institución involucrada, la cual debe emitir un dictamen técnico-legal y una opinión presupuestaria para atender las obligaciones derivadas del litigio, previo a su traslado a la Procuraduría.
Indicó que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar, a la espera de dichos insumos técnicos, por lo que la demanda del titular de Aduanas no ha sido elevada a la PGR.
Reacciones
Sobre el particular, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señaló que las demandas contra el Estado "no son aisladas", y que existen investigaciones paralelas que involucran a más funcionarios públicos en condiciones legales similares.
“Quiero decirles que el señor director de aduanas no es el primero ni el único que tiene una alta demanda en contra del Estado y que ahora está percibiendo nuevamente salario por parte de la administración pública”, explicó.
Castellanos advirtió que la presencia de funcionarios con demandas activas contra el Estado podría reflejar debilidades en los controles de contratación y prevención en conflictos de interés dentro de la administración pública.
“Hay una salida importante, se tienen que conciliar y finiquitar esta situación. La Procuraduría General de la República tiene una alta responsabilidad en este tema y nosotros vamos a estar vigilantes, destacando nombres y apellidos”, afirmó.
El CNA también cuestionó la permanencia de estos funcionarios en sus cargos, sugiriendo medidas más estrictas para evitar incompatibilidades dentro del aparato estatal.
“Las autoridades no pueden seguir nombrando personas que tienen conflictos con la administración pública. Si sigue con la demanda, debería renunciar, pero, más allá, deberían establecer la baja del cargo antes que renuncie, precisamente por el conflicto de intereses”, concluyeron.
Postulaciones
Las declaraciones surgen en medio del proceso de elección a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) , donde distintos sectores han insistido en la necesidad de garantizar criterios de probidad y ausencia de conflictos legales en los aspirantes.
Bajo esa misma línea, el titular de la PGR informó que algunos de los postulantes a cargos al CNE y TJE también mantienen demandas activas relacionadas con el Estado, lo que podría incidir en el proceso de selección.
Aspra confirmó que existen casos de litigios tanto de aspirantes contra el Estado como del Estado contra algunos de ellos, vinculados en ciertos casos a responsabilidades civiles derivadas de funciones públicas ejercidas anteriormente.
El procurador señaló que estas situaciones deberán ser analizadas en el marco de las posibles causas de inhabilidad, aunque recalcó que será el órgano encargado del proceso quien determine la idoneidad final de los candidatos.
En medio del proceso de selección y regulación, aspirantes explicaron que esperan un proceso de selección "limpio y trasparente"
"Esperamos que las postulaciones y elecciones se desarrollen de forma transparente, justa, apolítica y revestida de legalidad, para que de esta manera los órganos electorales democráticos puedan estar integrados por miembros íntegros e independientes y se pueda consolidar el Estado de derecho", declaró Ada Montoya, abogada que laboró en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, y que busca un lugar en el TJE.