Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de selección para los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha tomado un giro inesperado tras revelarse compromisos legales de varios aspirantes.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, alertó este día que dentro de la nómina de 100 autopostulantes figuran personas que mantienen demandas activas contra el Estado de Honduras, además de otros que enfrentan investigaciones en curso ante el Ministerio Público.
Esta revelación pone en entredicho la idoneidad de un sector de los candidatos, ya que su posible elección podría generar conflictos de intereses insalvables al momento de administrar justicia o recursos electorales.
La gravedad de los señalamientos ha provocado una reacción inmediata en la cúpula del Poder Legislativo, donde se exige una depuración exhaustiva antes de que estos ciudadanos avancen a la etapa de audiencias públicas programadas para esta semana.
"He visto la declaración del procurador en la que menciona que de 100 autopostulantes hay varios que tienen investigaciones en curso y otros que tienen demandas actuales contra el Estado; lo que le toca a la comisión es solicitar esa información a la brevedad", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Ante este escenario, la presidencia del Congreso Nacional ha oficializado un llamado a los entes contralores y de investigación para que crucen información con la Comisión Especial de Selección.
El objetivo es que los diputados cuenten con expedientes limpios antes de realizar el filtro final, evitando que personas con cuentas pendientes ante la justicia o con intereses económicos adversos al Estado lleguen a las instancias más altas del sistema electoral.
El titular del Legislativo enfatizó que la logística de las audiencias debe ser eficiente, sugiriendo que es materialmente imposible recibir en comparecencia pública a la totalidad de los aspirantes sin un filtro previo de méritos y antecedentes.
La intención es que solo aquellos que demuestren una solvencia moral y profesional intachable sean quienes lleguen al pleno para ser sometidos a la votación de los 86 diputados."Es complicado que se le vaya a hacer audiencia pública a los más de 100 autopostulantes, es difícil si no hay un filtro antes de que se presenten en el pleno los mejores evaluados en idoneidad profesional y personal para ocupar el cargo", detalló Zambrano.
El debate sobre la integración de los entes electorales también ha reabierto la discusión sobre la necesaria despolitización de las instituciones.
Según el presidente del Congreso, la ciudadanía está exigiendo un balance neutro que garantice el control del proceso electoral sin sesgos partidarios. Este reclamo surge tras los antecedentes de inestabilidad institucional que pusieron en riesgo la transparencia de procesos anteriores.Para la actual directiva del Congreso, la crisis reciente donde se denunciaron intentos de boicot y permanencia forzada en cargos públicos, es una lección que obliga a revisar con lupa el perfil de los nuevos magistrados.
El temor reside en que las instrucciones partidarias sigan imperando sobre el mandato constitucional, especialmente en figuras vinculadas a Libertad y Refundación (Libre), a quienes se les señala de haber debilitado la institucionalidad en el pasado reciente.
"La ciudadanía nos pregunta cómo vamos a evitar que alguien con instrucciones de Libre haga un proceso distinto al anterior. Si tienen demandas o procesos, la comisión perfectamente los puede descartar para tomar una decisión que fortalezca el proceso electoral", indicó Zambrano.
No está en ley
Uno de los puntos más polémicos en la agenda de negociación es la sustitución de las vacantes dejadas por Marlon Ochoa y Mario Morazán.
El presidente del Congreso Nacional fue contundente al señalar que la ley no establece de forma obligatoria que Libre deba nombrar a sus sustitutos directos, argumentando que los espacios legales para los partidos políticos están definidos en las Juntas Receptoras de Votos y no necesariamente en el pleno del CNE.Esta postura abre la puerta a una negociación donde se priorice a candidatos de la sociedad civil o independientes para lograr un equilibrio que impida que un solo partido maneje a su beneficio los resultados de los próximos comicios.
El diálogo entre las bancadas se centra ahora en decidir si se mantiene la tradición de cuotas partidarias o si se cede el espacio a figuras técnicas que brinden confianza a todos los sectores.
"A mí me han buscado los de Libre y he sido claro: aquí solo hay dos opciones, es alguien de sociedad civil o independiente para tener balance, o sería darle el espacio a Libre, y yo le pregunto al pueblo qué sugiere u opina", señaló Zambrano.
El proceso se encamina a una definición en las próximas dos semanas, donde la Comisión Especial deberá validar no solo la capacidad intelectual de los candidatos, sino su pasado legal.
La presencia de sociedad civil será determinante para garantizar que el listado final de 18 candidatos no incluya a los señalados por la Procuraduría, asegurando así un árbitro electoral libre de tachas.
El presidente del Legislativo concluyó haciendo un llamado a la reflexión nacional sobre si es el momento de romper el bipartidismo y tripartidismo en los entes electorales.
El desenlace de esta selección marcará el tono de las próximas elecciones, determinando si Honduras contará con una administración electoral independiente o si se mantendrá bajo el esquema de control político que hoy es cuestionado desde la misma base ciudadana.
"Es la oportunidad de poder elegir a alguien de sociedad civil que realmente haga el balance para que ningún partido político pueda manejar a su beneficio el próximo proceso electoral", concluyó el presidente del Congreso.
