Declarar estado de emergencia nacional en el sistema de seguridad pública sería una medida que el Ministerio de Seguridad vería con simpatía, dijo el ministro del ramo, Pompeyo Bonill.
El funcionario se expresó así luego de instalar una Mesa de Seguridad Ciudadana promovida por varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y la Fundación Friedrich Ebert.
El propósito del encuentro era evaluar el trabajo que a un año de su creación ha hecho la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, ente que tenía la misión de preparar reformas para hacer más eficiente la administración del sistema de seguridad y justicia del país.
Esta comisión propuso siete proyectos que fueron entregados al presidente Porfirio Lobo, sin embargo, todos siguen engavetados y ni una tan sola de sus recomendaciones ha sido tomada en cuenta.
Asimismo, se evaluaron los alcances de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Cerrera Policial (DIECP), ente creado para depurar la institución, minada por el crimen organizado.
En el seminario se llegó a la conclusión de que ambas comisiones no han hecho nada, el crimen organizado y común sigue en ascenso mientras la policía aún conserva a gente corrupta vinculada a crímenes y comisión de otros delitos.
La policía aún tiene en sus filas a agentes y oficiales sicarios, coludidos con la extorsión que realizan los mareros y vinculados con el narcotráfico.
Semanas atrás, EL HERALDO reveló que la DIECP recomendó separar a 230 policías que reprobaron pruebas de confianza, sin embargo, apenas ocho fueron separados, lo que pone al descubierto la ineficiencia en el proceso de depuración policial.
En octubre y noviembre de 2011, EL HERALDO también dejó al descubierto la existencia de carteles policiales dedicados al crimen, extorsión, sicariato, narcotráfico y secuestro.
Estos carteles, según fuentes consultadas por este rotativo, se mantienen activas. En entrevista con los medios de comunicación, el ministro Bonilla dijo que la mejor solución es “declarar una emergencia en el tema de seguridad pública para tomar acciones que sean más efectivas, que sean más dinámicas”.
“Estamos dispuestos a recibir las mejores recomendaciones y hay grupos de pensamiento de organizaciones civiles que están trabajando en ello y harán las recomendaciones que sean pertinentes”, añadió.
Justificó la presencia aún de policías y oficiales delincuentes por la burocracia y las “extremadas garantías” de las que ellos se han valido para sortear la expulsión de la entidad.
“Hay casos donde a los que se les iba entregar su acuerdo de cancelación o los requerimientos que se les estaban estableciendo buscaron (como excusas) estar con problemas de salud. Necesitamos un procedimiento que sea más efectivo para la emergencia que estamos viviendo”, expuso el ministro de Seguridad. “Estamos de acuerdo en que hay que acelerar ese proceso. Diferentes sectores de la sociedad civil están trabajando en construir las herramientas necesarias para que el proceso sea más dinámico”.
Por su parte, Wilfredo Méndez, representante de Ciprodeh, declaró que “en términos concretos no tenemos policías a la orden de los tribunales; la Comisión de Reforma ha hecho planteamientos, pero el gobierno no les ha dado la seriedad del caso”.
