Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Penal dictó medidas sustitutivas contra la exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, señalada como supuesta responsable del delito de acoso laboral vertical en perjuicio de dos abogadas.
La resolución judicial establece que la imputada deberá firmar periódicamente en la secretaría del juzgado, tiene prohibido acercarse a las víctimas y mantener cualquier tipo de comunicación con las personas ofendidas, conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, la exfuncionaria habría utilizado su posición jerárquica dentro del INAMI para ejercer actos sistemáticos de hostilidad y presión contra las profesionales afectadas.
Según la denuncia, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas de la institución, Flores Castellanos presuntamente habría coaccionado a las víctimas para que firmaran sus renuncias laborales.
Las investigaciones señalan que las acciones habrían estado acompañadas de amenazas y expresiones denigrantes, así como afirmaciones en las que la imputada aseguraba poseer información personal obtenida de los dispositivos móviles de las afectadas.
El expediente también indica que ese mismo día la exdirectora se presentó en la oficina de una de las denunciantes acompañada de cuatro hombres armados para desalojarla de su lugar de trabajo.
Durante ese incidente, la imputada habría manifestado a la profesional que se encontraba despedida, en un contexto que las autoridades consideran como parte de un patrón de intimidación.
La investigación apunta que afectadas habían denunciado previamente actos de hostigamiento laboral presuntamente cometidos por la ahora imputada en contra de personal de la institución, denuncias que habrían sido un antecedente relevante para la apertura del proceso penal impulsado por el Ministerio Público.
Antecedentes
El 22 de abril, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó requerimiento fiscal contra Flores Castellanos, señalando la existencia de un supuesto patrón reiterado de presión indebida hacia subordinados.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos descritos se caracterizan por el uso abusivo de una posición de poder dentro de la estructura institucional en perjuicio de las víctimas.
Ante los elementos recabados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional programó la audiencia inicial para el 7 de mayo a las 10:00 de la mañana, en la que se determinará si procede la apertura a juicio oral y público.
