Magistrado de la CSJ pide respetar derechos humanos ante posible estado de excepción

La autoridad judicial enfatizó que cualquier decisión que adopte el Estado debe ejecutarse dentro del marco de los derechos humanos y sin afectar el estado de derecho

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 18:05
Magistrado de la CSJ pide respetar derechos humanos ante posible estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, pidió que se respeten los derechos humanos ante un posible estado de excepción en algunos departamentos y municipios de Honduras.

Díaz señaló que el Poder Ejecutivo debe "explicar las razones que sustentan su aplicación y analizar las acciones necesarias para evitar afectaciones a la población".

“Las personas que toman las decisiones de aprobar un estado de excepción son las encargadas de dar las explicaciones necesarias, pero cualquier acción que se implemente debe ser bien estudiada para que no se afecte a la población en general y para que se haga un balance en términos de combatir la criminalidad en Honduras”, aseguró el funcionario.

La petición del integrante de la CSJ ocurre luego de que el presidente de la República, Nasry Asfura, informara el lunes 14 de septiembre que su administración analiza retomar la medida de seguridad en algunos sectores del país.

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No obstante, Díaz enfatizó que cualquier decisión que adopte el Estado debe ejecutarse dentro del marco de los derechos humanos "y sin afectar el estado de derecho que estamos construyendo en el país”.

El magistrado también planteó que las autoridades deben estudiar previamente las acciones que pretenden implementar para combatir la criminalidad y valorar el impacto que estas podrían generar en la población.

Antecedentes

En Honduras, el estado de excepción durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro permaneció desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2026.

La disposición entró en vigor inicialmente mediante el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, que suspendió parcialmente las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99. El decreto comenzó a aplicarse a las 6:00 de la tarde del 6 de diciembre de 2022.

La primera aplicación contempló sectores del Distrito Central y San Pedro Sula y facultó a la Policía Nacional para ejecutar detenciones en los lugares incluidos en la medida, bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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