Tegucigalpa, Honduras.- El subcomisionado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ricardo López, pidió al Estado respetar los derechos humanos de la población ante la posibilidad de retomar al estado de excepción en varios municipios o departamentos de Honduras.
La petición surge luego de que el lunes 14 de septiembre el presidente de la República, Nasry Asfura, asegurara que analiza aplicar nuevamente la medida en algunos sectores del país.
Según el mandatario, la eventual implementación del estado de excepción no sería generalizada, sino que estaría dirigida a los territorios donde se registra mayor incidencia de violencia.
Ante este escenario, López recordó que cualquier medida de esta naturaleza debe cumplir condiciones específicas y garantizar los derechos de las personas afectadas.
“Es importante recordar que un estado de excepción tiene que ser temporal, cumplir ciertos requisitos como la proporcionalidad y la idoneidad que debe de mantenerse a la hora de quitarles esos derechos a la población que se encuentra afectada dentro del proceso del estado de excepción”, aseguró.
Prevenir la violencia sin vulnerar derechos
El subcomisionado también señaló la necesidad de que el Estado implemente mecanismos para enfrentar la violencia generalizada y el crimen organizado, pero dentro del marco establecido por las leyes y los compromisos internacionales.
El comisionado recalcó que “se deben implementar mecanismos para prevenir la violencia generalizada y el crimen organizado en el país. Pero sin duda alguna, yo creo que nuestras recomendaciones y la pego a las leyes y a los procedimientos establecidos, así como en los convenios y los tratados internacionales, que deben de garantizar los derechos de la población hondureña”.
La posición del Conadeh se produce mientras el Gobierno analiza la posibilidad de aplicar nuevamente el estado de excepción de manera focalizada en los municipios o departamentos con mayores niveles de violencia.
Más de tres años bajo estado de excepción
Durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, el estado de excepción permaneció vigente durante más de tres años, desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 26 de enero de 2026, cuando terminó la medida.
La disposición entró en vigor inicialmente por un período de un mes mediante el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022. La medida suspendió parcialmente seis garantías constitucionales y otorgó facultades especiales a las fuerzas de seguridad para combatir estructuras del crimen organizado.
La medida, planteada originalmente como temporal, se extendió mediante sucesivas ampliaciones. Para agosto de 2025 habían transcurrido 984 días desde su entrada en vigor y posteriormente una nueva prórroga llevó el período por encima de los 1,000 días.
En mayo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó preocupación por las continuas extensiones de la medida y recordó que los estados de excepción deben ser temporales, excepcionales y estar sujetos a controles.
Finalmente, el estado de excepción concluyó el 26 de enero de 2026, después de más de tres años de aplicación y al menos 24 prórrogas durante la administración de Castro.
