Las decisiones adoptadas este año por el Congreso Nacional provocaron alegría en unos y desencanto en otros. La de 2011 fue una legislatura muy confrontativa con el sector empresarial, el gremio del magisterio y hasta con el crimen organizado. Dos congresistas sufrieron atentados como especie de intimidación.
Por otra parte, este año el CN estrenó un nuevo modelo de votación electrónica. Los diputados aprobaron más de 200 decretos, en su mayoría provenientes del Poder Ejecutivo.
La ley más polémica fue la que creó un impuesto o tasa de seguridad. En 2011 persistió el mismo cuadro político entre las bancadas: los liberales sin hacer oposición, la UD y la DC plegadas al oficialismo y el Pinu con una postura independiente.
1.
Estrenan
voto digital
El Congreso Nacional consolidó el proceso de modernización en esta legislatura al implementar el sistema de votación electrónica. Tanto la votación como el desarrollo de las sesiones se realizan en un proceso transparente. El Congreso creó su propio canal de televisión que transmite las sesiones en vivo, aunque el resto de la programación es para promover la imagen política del presidente Juan Hernández y sus allegados.
El proceso de modernización y transparencia del Congreso incluye la instalación de cámaras robóticas en el techo del hemiciclo para registrar para la posteridad cada intervención de todos los diputados. Cada diputado marcará con su huella el sistema previo a utilizarlo.
Estas imágenes se grabarán automáticamente en una biblioteca virtual multimedia a disposición del público para que pueda llevar registro de lo que dijo su diputado en cada sesión.
La biblioteca virtual se alimentará también con el escaneo de todos los documentos históricos en poder del Congreso Nacional, algunos datan de principios del siglo pasado, este valioso patrimonio estará ahora en formato digital para poder leerlo y analizarlo de manera remota, sin tener que acudir a la sede del Poder Legislativo.
2.
Imponen contrato térmico
Pese a una fuerte oposición de los diputados, incluyendo algunos del partido de gobierno, el Congreso Nacional se dejó imponer desde el Ejecutivo el más polémico contrato de compra de 100 megavatios de energía sucia, el cual fue suscrito por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, supuestamente, para resolver una emergencia que durará 16 años.
Fue necesaria una política de ablandamiento desde el Ejecutivo para convencer a los diputados sobre la urgencia de aprobar dicha compra de energía.
Al final, el oficialismo logró convencer a un grupo de diputados liberales para alcanzar los votos necesarios, puesto que la bancada del Partido Nacional (71 diputados) se dividió a raíz de la polémica compra.
Lo que quedó evidenciado en el debate fue una nueva correlación de fuerzas. Para decisiones importantes, el PN ya no cuenta con los 71 diputados, pues 20 han creado la Alianza de la Dignidad. El oficialismo del Congreso ha tenido que recurrir a los votos disidentes de algunos liberales y a unos cuatro renegados que ahora dicen pertenecer al partido Libre, del expresidente Manuel Zelaya. La UD también está dividida: 2 diputados apoyan al oficialismo y tres son libres al momento de votar.
3.
Bancada se divide
Denunciando que son marginados y que pondrán un freno a las imposiciones del presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, unos 23 diputados del partido Nacional crearon la denominada Alianza Parlamentaria de la Dignidad.
Este grupo de congresistas ha debilitado la mayoría mecánica del Partido Nacional, cuyo oficialismo se quedó con menos de 50 votos duros.
La Alianza Parlamentaria definió que hará oposición a las reformas a la Ley Electoral, a cualquier convocatoria a consultas populares que requiera la mayoría calificada de votos.
4.
Reforma judicial
Una de las decisiones importantes del Legislativo fue la aprobación de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial. Esta normativa pone en práctica la reforma constitucional mediante la que se separa la función administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la actividad meramente judicial.
Se establece el Consejo de la Judicatura, que estará integrado por el presidente de la CSJ, un magistrado, un representante de la Asociación de Jueces, uno del Colegio de Abogados y uno de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.
5.
Polémica educativa
En un ambiente de protestas, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, que pretende mejorar la calidad de educación pública mediante la inclusión de los padres de familia en la supervisión de las actividades académicas. Esta medida se adoptó tras un escenario en que los maestros se mantuvieron por más de tres semanas en protestas callejeras debido a la intervención del gobierno en el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), que dejaron como resultado 26 detenidos y una docente muerta.
La ley crea los Consejos Departamentales de Desarrollo Educativo (Conde), que serán los encargados de velar porque se cumplan los 200 días de clase y mejorar la infraestructura educativa.
6. Depuración policial
El Congreso Nacional reformó la Ley Orgánica de la Policía con el fin de crear la Unidad de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, como un ente independiente de la Secretaría de Seguridad, con el fin de vigilar la conducta de la Policía.
La reforma fue aprobada ante el estupor que causó el descubrimiento de que policías del distrito del sur de la capital, bajo cuya jurisdicción están siete sedes policiales de barrios y colonias, formaban parte de bandas del crimen organizado.
EL HERALDO denunció que los policías que estaban asignados a las postas de La Granja, la Cuarta Estación y la San Miguel son sospechosos de integrar bandas dedicadas al secuestro, robo de carros, sicariato, venta de drogas al menudeo, extorsión y otros delitos propios del crimen organizado.
7.
Transforman Inprema
Con la intención de salvar del colapso financiero al Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), el Congreso aprobó una nueva ley orgánica que regirá a esa institución.
La ley reestructura la parte administrativa del Inprema, eliminado el antiguo directorio por un directorio de especialistas compuesto por tres miembros que serán escogidos mediante concurso público y electos por la asamblea de esa institución.
De acuerdo con esta ley, los nuevos miembros que ingresen a cotizar al Inprema se jubilarán a los 65 años, habiendo laborado en el sistema educativo por 25 años. La ley actual establece un techo de 55 años para jubilarse, que a partir de 2012 subirá en forma gradual hasta 59 años.
8.
Tasa de seguridad
La Ley Temporal de Seguridad Poblacional se convirtió en la medida más polémica adoptada en esta legislatura, pues contempla acciones que afectarán las cuentas bancarias mayores a los 100 mil lempiras, establece un gravamen de un 5 por ciento sobre las exportaciones mineras, el uno por ciento a la telefonía celular sobre el volumen de ventas y el 0.5% a las comidas rápidas de sus ingresos brutos mensuales, entre otros rubros.
La vigencia de estas medidas impositivas o el 'paquetazo' para seguridad tendrá una duración de cinco años, a razón del manejo de un fideicomiso de 1,500 millones de lempiras por cada ejercicio fiscal, que al final dejará un monto global de 7,500 millones de lempiras. Las disposiciones de esta ley comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2012.
9.
Polémica Ley de Escuchas
Los diputados aprobaron durante la presente legislatura un paquete de medidas de emergencia para combatir la delincuencia.
Se creó la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas y se reformaron los artículos 71, 88 y 92 de la Constitución para ampliar de 24 a 48 horas el tiempo de detención de un sospecho de cometer graves delitos, antes de entregar a la persona a disposición del tribunal respectivo, para permitir más tiempo de investigación a los organismos de seguridad civil.
También se reformó el artículo 294 del Código Penal para imponer una pena de reclusión de entre 9 y 12 años a cualquier persona que sea sorprendida utilizando uniformes, insignias, condecoraciones y equipo de la policía o las FF AA.
10. Concesión aeroportuaria
El Congreso despidió el año de sesiones con la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2012 por la cantidad de más de 144 mil millones de lempiras.
Y para no perder la costumbre, propinó el último 'trancazo' al pueblo hondureño con la ratificación de un decreto por el que se aprueba la modificación del contrato de concesión de los aeropuertos de Honduras, hasta el año 2040, a la compañía InterAirports.
La ampliación de este contrato conlleva la construcción del aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, pero también el alza en las tarifas por el uso de los aeropuertos. Se había anunciado que a partir de 2012 los pasajeros pagarían 60 dólares (1,140 lempiras) como impuesto de salida, pero el presidente de la República, Porfirio Lobo, anunció que la medida ya no va.
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